El debate sobre el uso de licencias médicas por funcionarios públicos que viajan al extranjero ha quedado en el centro de la discusión judicial, tras una serie de fallos que revelan criterios disímiles entre tribunales inferiores y la Corte Suprema.
Un caso reciente se registró en la comuna de Futrono, donde la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por una profesora del Instituto Técnico Profesional de Llifén, quien había sido destituida por el municipio tras viajar fuera del país mientras se encontraba con licencia médica. El tribunal dejó sin efecto el decreto alcaldicio y ordenó su reincorporación, estimando que la sanción aplicada fue arbitraria y desproporcionada, al no acreditarse un uso indebido de la licencia en el contexto normativo vigente al momento de los hechos.
En su resolución, la Corte consideró relevante que el viaje se produjo en marzo de 2023, antes de que la Superintendencia de Seguridad Social emitiera, en septiembre de ese mismo año, un pronunciamiento que restringe expresamente el uso de licencias médicas para viajes recreativos al extranjero. Bajo ese marco temporal, el tribunal estimó que no correspondía aplicar retroactivamente un criterio más estricto.
Este razonamiento contrasta con otros fallos de tribunales de primera y segunda instancia, como el dictado en diciembre de 2025 por la propia Corte de Apelaciones de Valdivia en el caso de una funcionaria del Cesfam de Futrono, cuyo recurso de protección fue rechazado tras ser destituida por salir del país durante un día de reposo médico. En esa oportunidad, el tribunal sostuvo que la sanción se ajustó a derecho, enfatizando la gravedad de la infracción al principio de probidad administrativa y la correcta tramitación del sumario respectivo
El escenario terminó de complejizarse con un reciente fallo de la Corte Suprema, calificado como histórico por expertos en derecho administrativo. En esa sentencia, el máximo tribunal rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario municipal de Punta Arenas, destituido tras detectarse que viajó al extranjero mientras estaba con licencia médica. La Tercera Sala sostuvo que, si el sumario administrativo se realizó conforme a derecho, la autoridad se encuentra plenamente facultada para aplicar la sanción de destitución, resguardando el interés general y el principio de probidad.
Este pronunciamiento adquiere especial relevancia al tratarse de la primera vez que la Corte Suprema aborda de manera directa el mal uso de licencias médicas para viajes al extranjero, en el marco de las investigaciones impulsadas por la Contraloría General de la República tras el cruce de datos con la Policía de Investigaciones.
Desde el punto de vista jurídico, el fallo del máximo tribunal podría marcar un punto de inflexión. Si bien los tribunales inferiores han ponderado circunstancias personales, temporales o normativas para calificar la proporcionalidad de las sanciones, la Corte Suprema parece inclinarse por un criterio más estricto, centrado en la legalidad del procedimiento y en la protección del interés público por sobre consideraciones individuales.
De mantenerse esta línea jurisprudencial, se abre la posibilidad de una unificación de criterios en la materia, otorgando mayor certeza jurídica a las decisiones administrativas y a los procesos disciplinarios en el sector público. No obstante, expertos advierten que los tribunales inferiores seguirán analizando caso a caso, especialmente cuando existan contextos excepcionales o vacíos normativos al momento de los hechos.
Por ahora, el contraste entre fallos refleja una etapa de ajuste en la interpretación judicial, en la que la sentencia de la Corte Suprema aparece como un referente llamado a orientar futuras resoluciones sobre el uso de licencias médicas y los límites de la probidad administrativa.
