La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, avanzando en una de las medidas centrales de la agenda de seguridad del gobierno. La nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan.
El nuevo servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional, con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia. De esta forma, el Estado garantizará una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas y consolidando un sistema más inclusivo, con altos estándares técnicos y de calidad en la prestación de servicios jurídicos y psicosociales.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos del Río, dijo que “es muy importante el tema de la seguridad en nuestro país y la protección de las víctimas de los delitos, es fundamental. La creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, es un salto cualitativo en nuestro país porque será un servicio de calidad y profesional que permitirá que las víctimas de delitos estén acompañadas por el Estado”.
Las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial se transforman en un servicio público de carácter nacional y descentralizado que incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos, unificando y estandarizando la atención a la ciudadanía en esta materia. Esto permitirá brindar asesoría y representación jurídica, orientación legal y acompañamiento psicosocial a quienes han sido víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia, fortaleciendo el acceso a la justicia y propendiendo a la reparación de las víctimas.
Entre los mejoramientos a destacar de la nueva institucionalidad está el fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de derechos humanos y discriminación); la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y refuerzo de la atención integral a víctimas de delitos, en particular ilícitos violentos, lo que constituirá un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
Con la aprobación de este proyecto de ley, el país avanza hacia un modelo moderno de acceso a la justicia, que pone a las personas al centro, fortalece la seguridad ciudadana y consolida una política pública sostenida en derechos, cercanía y equidad territorial.
Ocho claves de la ley
1. Unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplificando para las personas la obtención de sus prestaciones y mejorando su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.
2. Crea la Defensoría de Víctimas, que entrega atención integral –tanto jurídica como psicosocial– a víctimas de delitos, en particular de aquellos más violentos, reforzando la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y saldando una deuda pendiente con la ciudadanía.
3. Promueve la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria, para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones con la participación de las personas involucradas.
4. Entrega asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; defensa laboral y derechos humanos, entre otros.
5. Establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.
6. Garantiza la atención profesional, acotando la participación de postulantes en práctica y asegurando que todas las personas usuarias reciban una atención de calidad.
7. Dispone la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia, y promueve medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.
8. Establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, con inicio en la zona norte (Arica a Valparaíso).
