En el marco del proceso de Consulta Previa impulsado por el Estado para debatir un nuevo sistema de tierras, comunidades indígenas de la comuna de Futrono se autoconvocaron antes del inicio del encuentro oficial, manifestando un rechazo categórico al proceso, al que calificaron como “viciado, no vinculante y no representativo”.
Según el acta levantada en la reunión, los representantes señalaron que la consulta se limita a cuatro regiones, lo que consideran injusto para el resto de los pueblos originarios del país. En ejercicio de su derecho a la autodeterminación, las comunidades decidieron escuchar a la institucionalidad, pero en paralelo elaboraron un documento que explicita su rechazo.
Entre los principales argumentos planteados destacan:
Vulneración de derechos: La restricción territorial a la “macro zona sur” fue calificada como “arbitraria y excluyente”, en contravención al Convenio 169 de la OIT y a garantías constitucionales.
Falsa reparación: Los mecanismos propuestos, como subsidios, créditos y becas, fueron considerados insuficientes, ya que “no restituyen territorios ni constituyen reparación histórica”.
Criminalización y represión: Las comunidades denunciaron que el Estado habla de paz mientras “continúan allanamientos, militarización, presos políticos y situaciones de violencia en comunidades”.
Nuevo despojo legal: Advirtieron que el sistema planteado “reduce el territorio a un recurso económico y desconoce la memoria ancestral, asegurando certezas jurídicas al empresariado más que a los pueblos originarios”.
Plazos y financiamiento insuficientes: El fondo estimado de US$4.000 millones y un plazo de 10 a 15 años para atender demandas territoriales fueron calificados como inadecuados frente a la magnitud del despojo histórico.
Asimismo, las comunidades criticaron la propuesta de crear una nueva institucionalidad que sustituiría funciones de la CONADI, junto a un tribunal arbitral de competencias limitadas. También cuestionaron la falta de claridad en los alcances reales de las propuestas de reconocimiento constitucional y autogobernanza.
Finalmente, las comunidades autoconvocadas concluyeron que este proceso de consulta “carece de garantías reales y solo viene a profundizar la vulneración y el despojo del territorio que nos queda”.
