Una denuncia por desacato fue presentada contra el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, luego de que presuntamente incumpliera un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, el cual ordenaba a la municipalidad adoptar medidas inmediatas para garantizar condiciones de accesibilidad y un espacio de trabajo adecuado para la concejala en situación de discapacidad, Natalie Guissen.
La sentencia fue dictada en febrero de este año, luego de que el tribunal acogiera un recurso de protección presentado por Guissen. El fallo otorgaba al municipio un plazo de cinco días para instalar una oficina provisoria que permitiera a la edil ejercer su labor en igualdad de condiciones.
Consultada por Radio Bío Bío, la concejala sostuvo que “las cosas deben funcionar bajo un marco jurídico en donde debemos dar el ejemplo como autoridades de que lo estamos respetando, de que respetamos la institucionalidad y de que también hay una disposición a facilitar los cambios sociales para todas las personas y garantizar sus derechos”.
En esa línea, la concejala argumentó que la demora en el cumplimiento de las medidas vulnera la Ley de Inclusión y la recientemente promulgada Ley Karín, generando condiciones laborales desiguales respecto a sus colegas del concejo municipal.
Por su parte, el alcalde Jaime Bertín descartó un desacato y aseguró que el municipio ha estado trabajando desde el primer momento para responder a los requerimientos del fallo. “Estamos comprando un alza escalera que no se encuentra en el país y no la encontramos. No es que hayamos demorado, la mandamos a hacer. Está llegando en estos días, y una vez que llegue, la instalaremos”, afirmó.
Además, sostuvo que “una vez que la instalaremos, ella podrá subir y entrar sin ningún problema a su oficina. Entonces no sé de qué desacato estamos hablando, pero ella es libre de hacer lo que quiera. Nosotros podemos demostrar con mucha claridad que hemos hecho un gran esfuerzo”.
La denuncia por desacato ahora deberá ser revisada por el tribunal respectivo, que determinará si hubo o no incumplimiento por parte de la autoridad comunal en el mandato judicial.
