La reforma, que actualiza el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, permitiendo, entre otros avances, proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporar fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, Sernac.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, agradeció a los senadores y senadoras y valoró que “se votó el informe de la Comisión Mixta de manera muy transversal y, además, de manera prácticamente unánime a favor, terminando con esto una larga tramitación de un proyecto de ley que es bastante anhelado, tanto para el sistema de justicia y también para los ciudadanos y ciudadanas”
“Este proyecto de ley va a permitir realizar cambios en el sistema notarial y registral que son muy importantes para toda la ciudadanía: establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios claros de funcionamiento, medidas respecto al tipo de soporte digital que tienen que tener y, por cierto, modifica y fortalece la fiscalización a las notarías, archiveros y conservadores de todo el país”, precisó la autoridad.
Son características de la ley:
1. Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
2. Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
3. Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
4. Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
5. Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
6. Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
