De acuerdo con los antecedentes presentados en la misiva, el problema se originó cuando la Municipalidad de La Unión ejecutó nuevas obras de alcantarillado y agua potable, garantizando a los residentes de Aldea Campesina un servicio regulado y seguro. Sin embargo, la empresa señala que, pese a la infraestructura habilitada, algunos vecinos continuarían recibiendo agua de un antiguo Comité de Agua Potable Rural (APR), que carecería de resolución sanitaria vigente y cuyo sistema se describe como “precario”.
En el cuerpo del documento se menciona que, tras una revisión de rutina en diciembre de 2023, “se constató en terreno a más de 10 viviendas usuarias… conectadas ilegalmente a la matriz de agua del Comité de APR, produciendo así, un by-pass de interconexión a la red de agua potable de Suralis”. Esto habría generado una “conexión dual de los dos sistemas”, creando riesgo de recirculación y posible contaminación del suministro.
La problemática escaló al punto de iniciar acciones judiciales. El 26 de enero de 2024, Suralis presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, bajo el Rol Corte N°203. En esa instancia, se habría alcanzado un acuerdo para eliminar las conexiones ilegales. Sin embargo, según se indica en la carta, “la medida de conciliación no tuvo el efecto requerido y hoy… son cada vez más los vecinos que están bajo conexiones ilegales”.
El documento además solicita al Municipio que evalúe la legalidad de este Comité de APR, según lo establecido en la Ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Suralis argumenta que el comité estaría incurriendo en causales de disolución señaladas en la norma, “en primer lugar por vulnerar abiertamente la ley y en segundo lugar, por no cumplir con el porcentaje o número mínimo exigido para mantener vigente su personalidad jurídica”.
La empresa concluye que, mientras se mantenga una doble conexión que mezcle agua de la red pública con agua de una fuente particular sin la debida separación, “el riesgo de contaminar… es altamente peligroso, tanto para nuestro sistema como para la salud de la población”. Por ello, hace un llamado a las autoridades para que se fiscalice el actuar del comité y se apliquen las medidas pertinentes para regularizar el suministro y proteger la salud de los residentes.
