El fallo, además de establecer la indemnización, ordena al municipio cesar de inmediato las conductas que dieron origen a la denuncia, implementar medidas de resguardo para evitar situaciones similares y publicar la sentencia durante 15 días en un soporte informativo como medida reparadora.
En su resolución, el tribunal señaló que las pruebas presentadas no constituyen evidencia plena del acoso laboral, pero sí permiten sospechar razonablemente su existencia, lo que activó la obligación del municipio de justificar las medidas aplicadas contra el funcionario, conforme al artículo 493 del Código del Trabajo. La Municipalidad, sin embargo, no presentó argumentos suficientes para explicar los cambios y traslados laborales del denunciante, lo que reforzó la condena por la vulneración de derechos fundamentales.
El tribunal también destacó que el daño moral fue establecido de manera prudencial en $10 millones, considerando el impacto de las conductas denunciadas en el funcionario. Además, la publicación de la sentencia busca generar conciencia y fomentar la prevención de casos similares en el futuro.
Este fallo unánime ratifica la responsabilidad de los empleadores de garantizar condiciones laborales libres de hostigamiento y de actuar con proporcionalidad y fundamento en las medidas que afecten a los trabajadores.
