La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado por la Comunidad Indígena Isla Huapi y dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario Bahía Coique, vinculado a la familia del expresidente Sebastián Piñera, en la comuna de Futrono, Región de Los Ríos.
De acuerdo con lo informado este sábado 21 de noviembre por Diario de Valdivia, la resolución judicial ordena retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental de la iniciativa, impulsada por Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., y realizar una consulta indígena antes de que la autoridad competente emita un nuevo pronunciamiento sobre su aprobación.
El proyecto contempla la construcción de 208 unidades habitacionales destinadas principalmente a segunda vivienda, junto con infraestructura sanitaria y obras de urbanización en el sector de Bahía Coique, a orillas del lago Ranco. La iniciativa considera una inversión aproximada de 40 millones de dólares y había obtenido su aprobación ambiental en agosto de este año.
La acción judicial fue presentada contra la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos, encabezada por la delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, debido a la ausencia de un proceso de consulta indígena durante la tramitación de la iniciativa.
Uno de los principales argumentos de la Comunidad Indígena Isla Huapi apunta a los eventuales efectos del proyecto sobre las aguas del lago Ranco, recurso que sus habitantes utilizan para abastecerse debido a la falta de un sistema operativo de agua potable rural.
Aunque la isla se encuentra a aproximadamente 9,8 kilómetros del emplazamiento inmobiliario, la comunidad cuestionó que esa distancia fuera utilizada como argumento para excluirla del área de influencia del proyecto y descartar la necesidad de realizar una consulta indígena.
Según consignó Diario de Valdivia, durante la tramitación judicial el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación de la comisión regional, solicitó rechazar el recurso, argumentando que existían mecanismos especiales de reclamación ambiental y que los estudios técnicos habían descartado efectos sobre el territorio de Isla Huapi.
Sin embargo, de acuerdo con el citado medio, el tribunal desestimó esos argumentos al considerar relevante que la propia evaluación ambiental reconociera una posible afectación asociada a la descarga de aguas servidas hacia el río Coique, afluente del lago Ranco.
En este contexto, la sentencia establece, según la información publicada, que la distancia geográfica y los modelos técnicos empleados para determinar el área de influencia no constituyen por sí solos antecedentes suficientes para descartar una eventual afectación directa sobre la comunidad indígena.
La controversia se relaciona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se contemplen medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Consecuencias para el proyecto inmobiliario
De acuerdo con los antecedentes difundidos, la resolución judicial deja sin efecto la autorización ambiental favorable que había obtenido la iniciativa y obliga a retrotraer su evaluación para incorporar el procedimiento de consulta indígena correspondiente.
Esto implica que el proyecto no puede avanzar amparado en la aprobación ambiental dejada sin efecto, mientras no se subsane la omisión identificada y exista un nuevo pronunciamiento de la autoridad competente, sin perjuicio de los recursos judiciales que puedan interponerse.
No obstante, la decisión no constituye una prohibición definitiva para desarrollar el proyecto inmobiliario, sino que exige corregir el procedimiento de evaluación ambiental antes de resolver nuevamente sobre su viabilidad.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos mantiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema para solicitar la revisión del fallo, instancia que podría modificar el escenario judicial de la iniciativa.
La decisión representa un nuevo capítulo en la controversia que ha generado Bahía Coique, proyecto que ha enfrentado cuestionamientos de comunidades indígenas, organizaciones ambientales y habitantes de Futrono por sus potenciales efectos sobre el ecosistema del lago Ranco, especialmente en materia de tratamiento de aguas servidas y protección de los recursos hídricos.















