Un nuevo avance judicial registró la controversia por el presunto uso irregular de firmas de parlamentarios en el Senado, luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso declarara admisible la querella criminal presentada contra el senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, y todos quienes resulten responsables de los hechos denunciados.
La resolución, fechada el viernes 20 de noviembre de 2026 y conocida públicamente este sábado 21, fue dictada por el juez Camilo Alberto Obrador Castro, quien desestimó los argumentos de la defensa del parlamentario y permitió que la acción presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana continúe su tramitación, según antecedentes publicados por Teletrece.
La querella, impulsada por la organización representada por el abogado Raimundo Palamara, apunta a eventuales delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, además de falsificación y uso de instrumento privado.
El tribunal rechazó la solicitud de inadmisibilidad formulada por la defensa de Castro, que cuestionaba la legitimación de la fundación para ejercer la acción penal por no tener la calidad de víctima directa.
Al resolver, el juzgado consideró que los hechos denunciados podrían comprometer el principio de probidad pública establecido en el artículo 8 de la Constitución, señalando que la posibilidad de ejercer una acción ciudadana por delitos contra la probidad, contemplada en el artículo 111 del Código Procesal Penal, no se limita exclusivamente a delitos funcionarios.
En consecuencia, dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines correspondientes. Respecto de la solicitud de promover el desafuero del parlamentario, estableció que deberá ajustarse al procedimiento contemplado en el artículo 416 del Código Procesal Penal.
El origen de la controversia
El caso se remonta al 17 de noviembre, cuando se gestionó el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes se encontraban fuera del país acompañando al Presidente José Antonio Kast en una gira por Asia.
La situación ocurrió en medio de la discusión del Presupuesto de la Nación para 2027, particularmente durante el debate sobre la autorización de endeudamiento fiscal. El retiro de estos permisos podía modificar el cálculo de los parlamentarios en ejercicio y, por consiguiente, los quórums exigidos para determinadas votaciones.
La controversia surgió cuando Órdenes desconoció haber autorizado el procedimiento. Mediante una carta dirigida al secretario general del Senado, Luis Rojas, y leída en Sala por el senador Pedro Araya, la parlamentaria negó haber solicitado el retiro de su permiso o autorizado a terceros para utilizar su firma.
Posteriormente, los permisos constitucionales de ambos parlamentarios fueron restituidos, aunque las dudas sobre la elaboración y presentación de los documentos motivaron una investigación penal.
Castro niega falsificación y apunta a Paulina Vodanovic
En una entrevista concedida a La Tercera y publicada este sábado, Juan Luis Castro reconoció haber participado en las gestiones administrativas para retirar los permisos y aseguró que la iniciativa había sido planteada inicialmente por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.
El parlamentario afirmó que reiteró al coordinador administrativo de la bancada la instrucción de iniciar el procedimiento, aunque sostuvo que debía consultarse previamente a los senadores involucrados.
Respecto de la acusación, Castro fue categórico: “Jamás aquí ha habido manipulación o falsificación de firma alguna”.
El legislador atribuyó lo ocurrido a un problema de comunicación interna y aseguró que dejó sin efecto el procedimiento al conocer que no se había conseguido la autorización de los parlamentarios.
Tras estas declaraciones, el abogado Raimundo Palamara anunció a Mega Investiga que solicitará al Ministerio Público citar a declarar en calidad de imputada a la senadora Paulina Vodanovic, petición que deberá ser evaluada por el organismo persecutor.
Fiscalía mantiene investigación
Paralelamente, la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en que se gestionó el retiro de los permisos.
La fiscal regional Claudia Perivancich confirmó que se han realizado diligencias con personal del Senado para recopilar antecedentes sobre la tramitación de los documentos y las votaciones efectuadas posteriormente. La investigación está a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción.
Emol
La admisibilidad de la querella permite la intervención de la organización querellante en el procedimiento penal, pero no constituye una declaración de culpabilidad ni acredita que se haya cometido una falsificación. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de los antecedentes reunidos durante la investigación.















