La Municipalidad de Valdivia entregó nuevos antecedentes sobre los seis casos de trabajadores con condenas penales identificados por la Contraloría General de la República, aclarando que actualmente solo uno de ellos mantiene una relación laboral con la administración municipal.
La información fue dada a conocer mediante una declaración oficial emitida tras la revisión de los antecedentes contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, publicado el 17 de noviembre, que detectó a 315 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional asociados a 317 registros de condenas por crímenes o simples delitos.
En el caso de Valdivia, el organismo contralor identificó a seis personas vinculadas al municipio, situación que motivó una revisión destinada a establecer su condición laboral actual, los antecedentes de sus condenas y las eventuales responsabilidades administrativas.
De acuerdo con los resultados informados por la Municipalidad, tres de las personas mencionadas ya no desempeñan funciones en la administración pública, mientras que otras dos corresponden a docentes que actualmente dependen del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valdivia.
Sobre estos últimos casos, el municipio precisó que ambos profesores ingresaron al sistema municipal en 2010 y 2014, respectivamente, y que sus condenas fueron dictadas en 2025 y 2026, cuando ya no dependían de la administración comunal.
La Municipalidad aseguró que remitió formalmente todos los antecedentes al SLEP Valdivia, organismo al que corresponde evaluar las situaciones y adoptar las medidas que resulten pertinentes.
Respecto del sexto caso, la administración municipal confirmó que se trata de un trabajador contratado bajo las disposiciones del Código del Trabajo, quien ingresó a la institución en 2012 y recibió una condena penal en 2024.
Según explicó el municipio, la legislación establece que es el propio trabajador quien debe informar a la institución sobre una condena que pueda afectar su habilitación para ejercer funciones públicas, obligación que, de acuerdo con la declaración municipal, no fue cumplida en este caso.
Por esta razón, la situación se encuentra actualmente bajo análisis del equipo jurídico municipal, que deberá determinar las medidas legales y administrativas correspondientes.
La institución aseguró que aplicará las disposiciones legales que resulten procedentes y que las decisiones serán comunicadas oportunamente a la ciudadanía. Hasta ahora, no se ha informado una resolución definitiva respecto de la continuidad laboral del trabajador.
Cabe recordar que el informe de Contraloría advirtió sobre eventuales inhabilidades sobrevinientes para ejercer cargos públicos, instruyendo a las instituciones involucradas revisar los antecedentes y determinar posibles responsabilidades administrativas.
Finalmente, la Municipalidad de Valdivia confirmó que responderá formalmente al organismo fiscalizador dentro del plazo establecido, reiterando su compromiso con el cumplimiento de las normas de probidad.
«La probidad no es negociable en esta administración», señaló la entidad en su declaración oficial.















