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Contraloría identifica cuatro funcionarios con condenas penales ejerciendo funciones en la Municipalidad de Puerto Montt

El Consolidado de Información Circularizada N°29 de la Contraloría General de la República identificó a cuatro funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt que permanecían vinculados al municipio pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos posteriores a su ingreso a la Administración del Estado. Con esta cifra, el municipio de la capital regional de Los Lagos figura entre las diez instituciones públicas con mayor cantidad de casos a nivel nacional, en un informe que detectó a 315 servidores públicos en esta situación. Ante estos antecedentes, el organismo fiscalizador instruyó investigar eventuales responsabilidades administrativas, verificar si las condenas fueron oportunamente informadas y aplicar las inhabilidades legales que correspondan.

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La Contraloría General de la República identificó a cuatro funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt que registran condenas por crímenes o simples delitos posteriores a su ingreso a la Administración del Estado, sin que se haya formalizado su renuncia o desvinculación.

Los antecedentes están contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, publicado este martes 17 de noviembre, que detectó un total de 315 funcionarios y servidores públicos en esta condición a nivel nacional, según registros vigentes a junio de 2026.

Con cuatro casos, la Municipalidad de Puerto Montt figura entre las diez instituciones del país con mayor cantidad de personas condenadas, compartiendo esa cifra con los municipios de Hualpén, Tierra Amarilla y Chillán.

El documento no individualiza a los trabajadores involucrados ni especifica los delitos por los cuales fueron condenados. Tampoco entrega antecedentes sobre sus cargos o las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La Contraloría instruyó a las instituciones involucradas iniciar las investigaciones pertinentes para establecer eventuales responsabilidades administrativas, revisar el cumplimiento de las obligaciones de informar las condenas y tramitar las inhabilidades que legalmente correspondan.

Además, deberán verificar la consideración de estos antecedentes en las calificaciones funcionarias y regularizar los registros administrativos pertinentes.

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