El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió remover durante la tarde de este viernes 30 de octubre al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de la crisis política generada por los decretos que permitieron rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, varios de los cuales recuperaron anticipadamente su libertad.
La salida de Silva se precipitó luego de que el jueves publicara en sus redes sociales un video en el que buscó explicar su participación en la firma de los documentos administrativos, asegurando que actuó siguiendo las directrices establecidas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La publicación generó molestia al interior del Ejecutivo, debido a que no fue consultada previamente con el titular de la cartera ni coordinada con La Moneda, en momentos en que el Gobierno enfrenta fuertes cuestionamientos por las decisiones adoptadas en esta materia. Según informó La Tercera, esta situación desencadenó la determinación presidencial de apartarlo del cargo.
Durante la mañana de este viernes, Silva había reconocido públicamente que difundió el registro sin consultar a Rabat, argumentando que su intención era entregar información a la ciudadanía sobre el procedimiento utilizado para conceder las rebajas de condena.
«Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro», afirmó la ahora exautoridad, quien aseguró que su explicación no incorporaba antecedentes distintos de los expuestos previamente por el secretario de Estado ante la Cámara de Diputados.
En el registro audiovisual, Silva también sostuvo que firmó algunos decretos mientras ejercía como ministro subrogante, «aplicando el criterio fijado por el propio ministro», declaraciones que fueron interpretadas por sectores políticos como un intento de deslindar responsabilidades en medio de la controversia.
La salida del subsecretario ocurre cuando el Ministerio de Justicia enfrenta una de sus mayores controversias desde el inicio de la actual administración.
De acuerdo con una investigación publicada originalmente por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 se dictaron 56 decretos que concedieron reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales, incluidos casos de abuso sexual y violación de menores de edad.
Posteriormente, una investigación de Radio Bío Bío permitió identificar a 33 de los beneficiarios, quienes ya se encontraban en libertad. Entre los antecedentes revisados figuran informes de Gendarmería que advierten sobre elevados riesgos de reincidencia y falta de reconocimiento de los delitos en algunos de los condenados.
A esta controversia se suman cuestionamientos por beneficios concedidos a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, situación que ha ampliado la presión política sobre las autoridades del Ministerio de Justicia.
Investigación penal contra Rabat y Silva
La salida de Luis Silva también se produce durante la misma jornada en que el Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación por el presunto delito de prevaricación administrativa contra el ministro Fernando Rabat y el ahora exsubsecretario.
La indagatoria se originó a partir de una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista, quienes cuestionaron la legalidad de las resoluciones administrativas que permitieron reducir las penas.
La investigación quedó a cargo del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada de esa jurisdicción.
Según explicó el Ministerio Público, las diligencias buscarán establecer si los hechos denunciados constituyen delitos y determinar las eventuales responsabilidades penales de las autoridades involucradas. La apertura de esta investigación no implica que se hayan acreditado responsabilidades.
El escenario también ha generado repercusiones en el Congreso, donde parlamentarios de distintos sectores han exigido explicaciones y responsabilidades políticas por los beneficios otorgados.
La remoción de Silva constituye el primer cambio de autoridad en el Ministerio de Justicia directamente asociado a esta crisis, mientras el ministro Fernando Rabat continúa enfrentando los cuestionamientos por la firma de los decretos y las decisiones adoptadas durante su gestión.
