Las bancadas de oposición confirmaron este miércoles 28 de octubre que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en medio de la controversia generada por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y otros delitos graves.
La determinación fue comunicada luego de una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, convocada para que el secretario de Estado explicara los fundamentos jurídicos y administrativos de los decretos firmados durante su gestión. La instancia estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de la oposición, que consideró insuficientes las explicaciones entregadas por la autoridad.
La ofensiva parlamentaria cuenta con el respaldo de representantes del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal y Democracia Cristiana, cuyos equipos jurídicos trabajarán en la elaboración del libelo acusatorio.
El caso se originó a partir de una investigación del medio Interferencia, que reveló la firma de decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, entre ellas 29 condenadas por violación y 27 por abuso sexual. Posteriormente, se conocieron antecedentes sobre rebajas de penas concedidas a condenados por violaciones a los derechos humanos y a ciudadanos venezolanos sentenciados por delitos vinculados a extorsiones.
Tras la sesión, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuestionó las explicaciones del ministro y justificó la decisión de avanzar hacia una acusación constitucional.
«Es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional», sostuvo la parlamentaria.
Por su parte, la diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista, criticó que el Gobierno no entregara dentro del plazo solicitado todos los antecedentes de los decretos cuestionados y señaló que la oposición buscará establecer las responsabilidades correspondientes.
«En estos momentos nosotros ya iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable. Se retiró, no le dio una respuesta a la Cámara y por tanto de manera responsable acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional», afirmó.
Durante su intervención ante la Cámara, Rabat defendió la actuación del Ministerio de Justicia, argumentando que los decretos se ajustaron a la legislación vigente y a criterios establecidos por resoluciones judiciales. Asimismo, sostuvo que la cartera formalizó decisiones adoptadas por las comisiones encargadas de evaluar las solicitudes de reducción de condenas.
El ministro también apuntó a problemas de interpretación de la legislación modificada en 2022 y defendió que su actuación estuvo dentro de las atribuciones legales del cargo.
Tras retirarse de la sesión, Rabat reiteró públicamente su posición: «Agradezco profundamente la sesión, puesto que me voy con el convencimiento de haber cumplido con la Constitución y con la ley. No se me ha reprochado ni una sola infracción de la ley, ni una sola infracción de la Constitución».
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución solicitando al Presidente José Antonio Kast la salida del ministro Rabat, del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
Pese a la presión parlamentaria, el Mandatario ha mantenido su respaldo al titular de Justicia y le ha encomendado avanzar en modificaciones legales para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan acceder nuevamente a este tipo de reducciones de penas.
La acusación constitucional aún debe ser formalizada ante la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los equipos jurídicos de la oposición trabajan en sus fundamentos, que deberán establecer las eventuales infracciones constitucionales o legales atribuidas al ministro para que la acción pueda avanzar en el Congreso Nacional.
