El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes 19 de octubre al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca introducir importantes modificaciones al funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre ellas eliminar su facultad para presentar querellas criminales, reducir la composición de su Consejo y establecer una nueva estructura de administración institucional.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat, fue presentada mediante el Mensaje Presidencial N.º 174-374 y comenzó su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados bajo el boletín N.º 18.754-17. El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional, con urgencia suma.
Una de las modificaciones centrales es la eliminación de la atribución del INDH para interponer querellas criminales. En su reemplazo, el Ejecutivo propone establecer una facultad de denuncia institucional que permita comunicar a los organismos competentes hechos que pudieran constituir delitos y colaborar con las investigaciones dentro del ámbito de sus atribuciones.
Sin embargo, el proyecto mantiene expresamente la posibilidad de presentar recursos constitucionales de protección y amparo. Además, una disposición transitoria establece que el INDH podrá continuar interviniendo en las querellas interpuestas antes de la publicación de una eventual ley, hasta que exista una sentencia que ponga término a los respectivos procedimientos.
En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo cuestiona lo que describe como «una concentración masiva de la acción del Instituto en el ámbito de la presentación de acciones judiciales», especialmente querellas, y sostiene que es necesario fortalecer su carácter consultivo y técnico.
Reducción del Consejo y nueva dirección ejecutiva
Otro de los cambios propuestos apunta a la estructura de gobierno del INDH. Actualmente integrado por 11 consejeros, el organismo pasaría a contar con cinco representantes, cuyos períodos serían de cuatro años, con posibilidad de una sola nueva designación.
El mecanismo de nombramiento también sería modificado. Dos integrantes serían propuestos por el Presidente de la República, a partir de candidaturas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, y designados por el Senado. Otros dos serían elegidos por la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que el quinto correspondería a una designación efectuada por las facultades o escuelas de Derecho, conforme al procedimiento establecido en la iniciativa.
Paralelamente, se contempla la creación del cargo de director ejecutivo, seleccionado mediante el sistema de Alta Dirección Pública y designado por el propio Consejo del INDH. Esta autoridad asumiría la administración y gestión operativa del Instituto, separando dichas responsabilidades de las funciones de dirección superior.
Reorganización regional y reducción del gasto
El proyecto también contempla modificaciones en la presencia territorial del organismo, aspecto que podría tener consecuencias para su funcionamiento en regiones.
Según el informe financiero N.º 231, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y adjunto al mensaje presidencial, la estimación económica considera una reducción del 50% de la dotación regional del INDH durante un período de implementación de un año y medio.
El documento señala que la iniciativa entrega mayor flexibilidad para definir su organización territorial, manteniendo el domicilio institucional en Santiago y dejando al nuevo Consejo la responsabilidad de determinar cómo se mantendrá la presencia del organismo en el país.
Esta proyección no establece todavía cuántos funcionarios podrían verse afectados en cada región ni determina el cierre de oficinas específicas.
En términos presupuestarios, el Gobierno estima que la reforma podría generar un menor gasto fiscal de aproximadamente $3.721 millones anuales una vez implementada completamente. La cifra considera los efectos de la reorganización territorial, la eliminación de las querellas criminales y los cambios administrativos y de gobernanza.
La iniciativa también incorpora nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo información sobre las recomendaciones dirigidas a los organismos públicos, su nivel de cumplimiento y la ejecución presupuestaria institucional.
El proyecto deberá ser discutido por el Congreso Nacional antes de que las modificaciones propuestas puedan entrar en vigencia.
El texto íntegro de la iniciativa y su informe financiero están disponibles en el mensaje presidencial publicado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
