La Federación Regional de Funcionarios Municipales UFEMUCH Región de Los Ríos realizó un emplazamiento a la administración de la Municipalidad de La Unión, encabezada por el alcalde Saturnino Quezada, exigiendo medidas concretas de protección para las trabajadoras que han denunciado presuntas situaciones de hostigamiento y acoso laboral al interior de la casa edilicia.
A través de una declaración pública, el directorio regional de la federación manifestó su respaldo a las funcionarias afectadas y a la Asociación de Funcionarios Municipales de La Unión, tras una reunión efectuada el pasado 2 de octubre en la comuna de Máfil.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento apunta directamente a las responsabilidades de la autoridad municipal respecto de la protección de las denunciantes, particularmente frente a eventuales represalias o nuevas situaciones de hostigamiento.
Aunque el documento no menciona expresamente a Saturnino Quezada por su nombre, el emplazamiento está dirigido a la autoridad municipal de La Unión, cargo que actualmente ejerce el jefe comunal.
«Por estas razones, emplazamos y responsabilizamos directamente a la autoridad municipal en su deber ineludible de adoptar y mantener medidas de resguardo reales, oportunas y verificables, que impidan cualquier manifestación de represalia, hostigamiento encubierto o revictimización en perjuicio de las denunciantes o de la dirigencia que las representa», señala la declaración.
Denuncias bajo la Ley Karin
Según informó la federación, las denuncias fueron interpuestas en el marco de la Ley N.º 21.643, conocida como Ley Karin, y evaluadas por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Asimismo, sostuvo que actualmente se encuentran radicadas en la Contraloría Regional de Los Ríos.
UFEMUCH afirmó que las situaciones denunciadas han tenido consecuencias en la salud y el bienestar de las trabajadoras involucradas, expresando su rechazo a cualquier forma de violencia en el ámbito laboral.
«Se trata de situaciones de extrema gravedad que han deteriorado seriamente la salud física y mental y el bienestar integral de las afectadas», sostuvo la organización en su pronunciamiento.
En esa misma línea, la federación advirtió que las posiciones de autoridad o jerarquía dentro de una institución pública no pueden utilizarse para justificar situaciones de maltrato hacia los trabajadores.
«Ninguna jerarquía, cargo de jefatura, investidura ni años de servicio justifica el maltrato en el trabajo, puesto que la violencia y el acoso laboral no constituyen bajo ninguna circunstancia un mero asunto privado o un roce de carácter menor», expresó el directorio regional.
Exigen celeridad a Contraloría y eventuales sanciones
Junto con emplazar a la administración encabezada por el alcalde Saturnino Quezada, la federación solicitó a la Contraloría Regional de Los Ríos «actuar con la máxima celeridad, rigor técnico y transparencia en la resolución de estos procesos».
También demandó que el municipio colabore con las investigaciones y evite cualquier actuación que pueda retrasar o dificultar los procedimientos administrativos en curso.
Respecto de las eventuales responsabilidades, UFEMUCH enfatizó que estas deberán establecerse una vez finalizadas las investigaciones y respetando las garantías del debido proceso.
«Exigimos que, una vez concluidas las indagatorias y con estricto respeto al debido proceso, se determinen con claridad las responsabilidades administrativas y se apliquen las máximas sanciones legales a los responsables, sin privilegios ni excepciones», indicó la declaración.
La organización también instó a la administración municipal a implementar cambios estructurales para prevenir nuevas situaciones de maltrato, mediante el fortalecimiento de los protocolos internos y la capacitación de quienes desempeñan funciones de jefatura.
Finalmente, UFEMUCH reafirmó su compromiso de acompañar a la Asociación de Funcionarios Municipales de La Unión y a las trabajadoras denunciantes en las instancias institucionales que resulten necesarias.
«Los ambientes de trabajo dignos, seguros y respetuosos no constituyen una dádiva de las autoridades, sino un derecho humano y laboral básico de quienes día a día entregan su esfuerzo a la función pública municipal. Ante hechos de esta naturaleza, nuestra organización no guardará silencio», concluyó la declaración pública suscrita por los siete integrantes del directorio regional.
