La defensa del alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, negó que el jefe comunal haya recibido transferencias de origen ilícito o vinculadas a la adjudicación de licitaciones municipales y aseguró que cuenta con antecedentes para controvertir las imputaciones de cohecho agravado y lavado de activos que el Ministerio Público comunicará durante la audiencia de formalización fijada para el próximo 19 de octubre.
En entrevista exclusiva con noticiaslosrios.cl, el abogado Juan Enrique Urrutia Rivas rechazó la existencia de delitos ante las consultas por los movimientos bancarios investigados, los depósitos efectuados por funcionarios y las transferencias relacionadas con personas o empresas vinculadas contractualmente con el municipio. Para explicar esas operaciones, planteó distintos orígenes que, según sostuvo, descartarían su carácter ilícito.
Estas explicaciones corresponden a la versión de la defensa y no constituyen, por sí mismas, una acreditación del origen de los recursos ni permiten descartar su eventual relación con actuaciones municipales.
Urrutia afirmó que revisó la carpeta investigativa y cuestionó la solidez de los antecedentes reunidos por la Fiscalía. “Nos preocupa de sobremanera a nosotros que la Fiscalía haya solicitado la formalización sobre la base de una carpeta investigativa que, como se va a dar cuenta en esta audiencia de formalización, es muy débil”, manifestó.
El defensor reconoció, sin embargo, que todavía desconoce los hechos específicos que el Ministerio Público comunicará en la audiencia, por lo que evitó precisar cuántos episodios o licitaciones serán incluidos en la imputación.
“Nosotros tenemos la carpeta investigativa. Lo que no tenemos, y no lo vamos a tener hasta el día de la audiencia, son los hechos por los cuales va a ser formalizado mi representado y otros seis imputados más”, explicó.
Transferencias y vínculos con licitaciones
Uno de los puntos centrales abordados durante la entrevista fue la eventual relación entre transferencias recibidas por Reyes y determinadas licitaciones municipales. Consultado directamente sobre ese vínculo, Urrutia respondió: “Nosotros lo negamos absolutamente, absolutamente”.
El abogado sostuvo que algunas operaciones podrían corresponder a aportes de campaña y afirmó que existirían movimientos realizados cuando Reyes no ejercía como alcalde.
“Hay varias transferencias que, en caso de que efectivamente hayan ocurrido, no tienen relación alguna con oferentes de licitaciones, sino que más bien son aportes de campaña”, señaló.
Urrutia también argumentó que el alcalde no participa en la comisión técnica encargada de evaluar las ofertas. Según su versión, en los procedimientos cuestionados donde hubo varios oferentes, las empresas adjudicatarias obtuvieron las mejores evaluaciones conforme a las respectivas bases.
La defensa invocó ese funcionamiento administrativo para rechazar una intervención de Reyes en favor de determinados contratistas. La controversia, sin embargo, sigue centrada en el origen de las transferencias y en su eventual relación con actuaciones del jefe comunal.
“Nosotros negamos absolutamente que se hayan realizado transferencias de carácter ilícitas o que sean constitutivas de delito”, insistió el abogado.
Respecto de los eventuales aportes de campaña, Urrutia sostuvo que algunos podrían no haber sido declarados ante el Servel, aunque, de acuerdo con su interpretación, esa circunstancia no permitiría configurar los delitos que serán materia de la formalización.
Depósitos efectuados por funcionarios municipales
El defensor también fue consultado por depósitos que habrían realizado funcionarios municipales en la cuenta personal de Reyes. Para explicar parte de esos movimientos, planteó un origen familiar.
Según Urrutia, el padre del alcalde manejaba dinero en efectivo proveniente de una empresa maderera y entregaba recursos para financiar los cuidados de la madre de Reyes durante su enfermedad.
El abogado sostuvo que esos dineros pertenecían al padre del jefe comunal y debían ser depositados en cuentas de Reyes o de sus hermanas. Añadió que, para realizar algunas de esas operaciones, el alcalde habría solicitado ayuda a personas de su confianza que trabajaban directamente con él.
Consultado por el riesgo de recurrir a funcionarios municipales para efectuar depósitos personales, Urrutia rechazó que los movimientos fueran ilícitos y atribuyó los cuestionamientos a opositores del jefe comunal. Su explicación situó el origen de los recursos en el ámbito familiar, aunque esa procedencia forma parte de los argumentos que la defensa deberá respaldar frente a los antecedentes de la investigación.
Supuestos servicios prestados por Reyes
Otro de los puntos abordados fue la existencia de pagos que, según la defensa, corresponderían a supuestos servicios profesionales prestados por Reyes a empresas o instituciones posteriormente vinculadas contractualmente con el municipio.
Urrutia señaló que el alcalde es profesor de Educación Física y que desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito bancario. De acuerdo con su versión, esa experiencia le habría permitido prestar asesorías relacionadas con inversiones y materias financieras.
La trayectoria laboral mencionada, sin embargo, no acredita por sí sola la prestación de esos servicios ni establece que las transferencias investigadas correspondieran efectivamente a esas labores.
Consultado sobre si haber realizado trabajos para una empresa posteriormente vinculada al municipio pudo constituir un error, el defensor lo descartó.
“No, porque la ley permite y avala, ¿cierto?, que un alcalde pueda desarrollar funciones ajenas al cargo que está en ese momento desarrollando, en la medida que se cumplan ciertos requisitos”, afirmó.
Urrutia aseguró que la defensa sostendrá ante el tribunal que esos requisitos se cumplieron. Aunque esa afirmación constituye su interpretación sobre los casos investigados y no una conclusión judicial sobre la regularidad de los pagos o la efectiva prestación de los servicios invocados.
Defensa atribuye la investigación a motivaciones políticas
El abogado sostuvo que las denuncias y querellas contra Reyes habrían sido impulsadas durante años por adversarios políticos y afirmó que detrás de esas acciones existiría un propósito de apartarlo de la alcaldía.
Aunque evitó identificar a la persona que, según su versión, habría encabezado esas gestiones, señaló que se trataría de un exfuncionario municipal vinculado a la centroderecha. Aclaró, por ello, que el conflicto no respondería necesariamente a una disputa entre izquierda y derecha.
“A nosotros no nos cabe ninguna duda, ninguna duda, y esto que quede bien claro, que si el alcalde, ante estas imputaciones, hubiera renunciado voluntariamente al cargo, hoy día no estaríamos frente a una audiencia de formalización”, sostuvo.
Agregó que “lo único que se busca acá, y se ha intentado durante mucho tiempo atrás, es sacar al señor Luis Reyes de su cargo como alcalde por parte de un pequeño sector”.
La atribución de motivaciones políticas corresponde a una acusación de la defensa. Por sí sola, no responde a las interrogantes sobre los movimientos bancarios investigados ni determina la existencia o inexistencia de los delitos imputados.
Durante la entrevista, Urrutia también cuestionó que la esposa del alcalde vaya a ser formalizada por los mismos delitos de cohecho agravado y lavado de activos.
Los argumentos para la audiencia del 19 de octubre
Respecto de su estrategia, el abogado anticipó que buscará controvertir cualquier relación entre los movimientos bancarios investigados y eventuales actuaciones de Reyes en su calidad de alcalde.
“Inexistencia absoluta, absoluta de cualquier relación de causalidad de las transferencias que figuran en las cartolas con favores que haya podido realizar el alcalde. Eso es lo primero”, afirmó.
En cuanto al lavado de activos, Urrutia también rechazó la imputación y sostuvo que Reyes no posee propiedades, bienes raíces ni inversiones que, en opinión de la defensa, permitan sustentar ese delito.
El abogado indicó que aún desconoce las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía. Consultado sobre la posibilidad de una medida gravosa, expresó confianza en que el Juzgado de Garantía no la decretará, aunque aseguró que el alcalde acatará lo que resuelva el tribunal.
“Nosotros, como ciudadanos y hombres de derecho, y el señor Luis Reyes, una persona que se rige bajo los principios de la democracia, va a acatar cualquier tipo de resolución que provenga del Poder Judicial”, concluyó.
