La Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (AFUSAM) de San Pablo se declaró en estado de alerta gremial tras la notificación de destitución de dos funcionarias TENS de la Atención Primaria de Salud de la comuna, medida que fue cuestionada por la organización debido a reparos sobre el procedimiento administrativo y la proporcionalidad de la sanción.
De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, encabezada por su presidenta Michelle Menjibar, el caso se remonta a un hecho ocurrido durante la madrugada del 16 de septiembre de 2025 en el Servicio de Urgencia Rural del Cesfam San Pablo, tras el cual se inició un sumario para establecer eventuales responsabilidades funcionarias.
AFUSAM sostuvo que durante la tramitación el procedimiento debió ser reabierto y retrotraído para reformular cargos, luego de que inicialmente se utilizara una normativa que, según el gremio, no correspondía al régimen jurídico aplicable a los funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal.
La organización agregó que la defensa de las funcionarias formuló observaciones respecto de la fundamentación jurídica de la sanción, la valoración de los protocolos clínicos, la consideración de los descargos, la proporcionalidad de la medida y la individualización de las responsabilidades.
En ese contexto, AFUSAM enfatizó que no desconoce la necesidad de investigar situaciones que puedan constituir faltas administrativas ni el derecho de las familias y usuarios a presentar reclamos y obtener respuestas. Sin embargo, planteó que cualquier procedimiento disciplinario debe garantizar el debido proceso, el derecho a defensa y una adecuada valoración de los antecedentes.
La asociación señaló además que buscó establecer espacios de diálogo con la autoridad comunal, pero que durante una instancia sostenida con el alcalde se reafirmó la determinación adoptada. A raíz de ello, manifestó públicamente su rechazo a mantener las destituciones y resolvió declararse en estado de alerta gremial.
El gremio anunció que mantendrá una evaluación de las eventuales acciones administrativas, legales y gremiales y, como primera medida, planteó no participar institucionalmente en actividades convocadas por el alcalde mientras, a su juicio, no exista una señal efectiva de apertura al diálogo. AFUSAM precisó que esta determinación no está dirigida contra la comunidad ni implica afectar el funcionamiento de los establecimientos de salud.
Alcalde defiende procedimiento
El alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, abordó la situación durante la sesión ordinaria número 63 del Concejo Municipal, realizada el jueves 3 de septiembre, y defendió el procedimiento administrativo que derivó en la sanción de las dos funcionarias.
“La desvinculación de estas funcionarias no es de manera antojadiza, que de un día para otro se van, sino que aquí hay un proceso administrativo, una investigación que fue llevada por un fiscal producto del fallecimiento de una persona”, sostuvo el jefe comunal.
Carrillo afirmó que, de acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación administrativa, existieron incumplimientos de procedimientos durante la atención que dio origen al sumario.
“No se activaron los protocolos correspondientes y mucho menos el Código Azul”, señaló el alcalde, quien agregó que durante la investigación se establecieron antecedentes respecto de la actuación de las funcionarias involucradas.
En esa línea, la autoridad comunal sostuvo que la sanción no fue determinada directamente por él, sino que surgió del procedimiento encabezado por el fiscal administrativo.
“Bajo las condiciones de la investigación, él propuso, o investigó, que hubo una negligencia, que no se activaron los protocolos, con lo cual sancionó con la destitución de estas dos funcionarias”, manifestó.
El alcalde señaló, además, que las afectadas todavía cuentan con la posibilidad de recurrir ante la Contraloría para cuestionar la legalidad del procedimiento administrativo.
“La última instancia que le queda a la funcionaria vinculada es poder recurrir a Contraloría para que determine este ente contralor si el sumario administrativo fue realizado de buena o de mala manera”, explicó.
Carrillo añadió que el pronunciamiento del organismo fiscalizador será determinante respecto del futuro de las funcionarias. “De haber sido realizado de mala manera, ellas podrán ser devueltas a su puesto de trabajo, pero si Contraloría ratifica esta sentencia, serán desvinculadas”, afirmó.
De esta manera, mientras AFUSAM cuestiona la proporcionalidad de la máxima sanción administrativa y sostiene que existen observaciones que ameritaban una revisión integral del procedimiento, el alcalde defiende que la medida deriva de las conclusiones alcanzadas en el sumario y plantea que será Contraloría la instancia a la que podrán recurrir las funcionarias para impugnar lo resuelto.
Lee el comunicado completo a continuación:
