El caso de Fernando Cerimedo encendió las alarmas. Su detención en Bolivia y el hallazgo de una granja de bots volvieron la mirada hacia un operador vinculado al mundo de Bolsonaro y Milei, con actividad política también en Chile. Existen además antecedentes de relaciones con personas que posteriormente llegaron al entorno del Presidente José Antonio Kast.

No es un fenómeno aislado. Desde Trump hasta Bolsonaro y Milei, la ultraderecha ha hecho de las redes sociales un campo de batalla: instalar falsedades, amplificar artificialmente mensajes y atacar adversarios haciendo pasar operaciones coordinadas por opinión ciudadana espontánea. En Chile incluso Evelyn Matthei y Jeannete Jara denunciaron durante la campaña presidencial ataques desde cuentas anónimas y campañas de desinformación.

La investigación deberá esclarecer responsabilidades, vínculos con campañas políticas y eventuales mecanismos de financiamiento. No se trata de anticipar culpabilidades, sino de transparentar hechos que pueden afectar gravemente nuestra democracia.

Lamentablemente, en Los Ríos los diputados del oficialismo Daniel Valenzuela y Leandro Kunstmann votaron contra investigar, mientras Omar Sabat no registró voto. Resulta difícil comprender que representantes electos renuncien a una de las funciones esenciales del Congreso: fiscalizar.

No es primera vez. En 2023 el gobierno anterior creó una Comisión Asesora contra la Desinformación para estudiar este fenómeno y proponer políticas públicas. La derecha se opuso tajantemente. Hoy vuelve a resistirse a una comisión que busca esclarecer hechos.

La desinformación funciona cuando dejamos de cuestionarla. Por eso la defensa de nuestra democracia también comienza en cada teléfono: verificar antes de compartir, revisar las fuentes y no aceptar como verdad una idea solo porque miles de cuentas la repiten.

Para volver a confiar en la política, ésta debe construirse con ideas y verdad, no con ejércitos digitales, campañas sucias ni dinero oculto.