Un duro revés sufrió el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que el organismo rechazara por 9 votos contra 1 el requerimiento con que el Ejecutivo buscaba impugnar la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en territorios declarados bajo estado de catástrofe.
La disposición cuestionada está contenida en el artículo 31 de la denominada megarreforma de Reconstrucción Nacional y establece obligaciones especiales para las empresas proveedoras de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas frente a este tipo de emergencias.
En concreto, la normativa dispone que los servicios deberán ser reconectados gratuitamente a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas, incluso en aquellos casos en que existan deudas pendientes.
La regulación también fija plazos máximos para concretar la reposición. En el caso del agua potable y alcantarillado, las compañías dispondrán de hasta 24 horas, mientras que para los servicios de electricidad y gas el límite será de 48 horas.
El Gobierno había recurrido ante el Tribunal Constitucional cuestionando la forma en que la disposición fue incorporada durante la discusión legislativa. El argumento del Ejecutivo apuntaba a que la norma habría sido introducida sin mantener una relación directa con las ideas matrices que dieron origen al proyecto.
En la antesala de la resolución, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había defendido la presentación realizada ante el TC, sosteniendo que el cuestionamiento gubernamental no implicaba necesariamente un rechazo a establecer una regulación especial sobre servicios básicos durante situaciones de catástrofe, sino que se concentraba en la manera en que la disposición fue incorporada al proyecto.
Sin embargo, el planteamiento del Ejecutivo no consiguió respaldo mayoritario en el Tribunal Constitucional. Con nueve votos por rechazar el requerimiento y solo uno favorable a acogerlo, el organismo desestimó la impugnación gubernamental, manteniendo la disposición cuestionada.
El resultado abrió además un nuevo frente político para La Moneda, con críticas desde sectores de oposición debido a que el Ejecutivo intentó dejar sin efecto una norma destinada a garantizar la restitución de servicios esenciales a familias y mipymes afectadas por situaciones de catástrofe.
