El Gobierno confirmó que retirará la urgencia legislativa de la reforma constitucional de seguridad, una decisión que había sido anticipada por senadores y que se produce en medio de las críticas que ha generado la propuesta tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo.
La determinación fue ratificada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien señaló que el objetivo es generar un espacio mayor para revisar el contenido del proyecto.
“Vamos a retirar la urgencia de la reforma para tener una amplia discusión”, afirmó el secretario de Estado en el programa Estado Nacional de TVN.
La decisión se conoce después de los cuestionamientos formulados, entre otros parlamentarios, por el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien sostuvo que la propuesta “raya en lo iliberal”. Desde Renovación Nacional también se han planteado reparos respecto de distintos aspectos de la iniciativa y de la forma en que fue construida.
En este escenario, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tiene previsto reunirse este lunes con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, para abordar el calendario legislativo y determinar las iniciativas que tendrán prioridad durante las próximas semanas.
Entre las alternativas que se analizan para modificar la reforma aparece acotar el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. La propuesta contempla actualmente que este pueda extenderse hasta por 240 días sin requerir la aprobación del Congreso. Una de las fórmulas en evaluación reduciría ese periodo inicial a 30 días y exigiría autorización parlamentaria desde su primera renovación.
Otra opción sería eliminar completamente la creación de esta nueva figura y, en su reemplazo, introducir modificaciones al actual Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, mecanismo que se ha utilizado, entre otros territorios, en la Macrozona Sur.
También se encuentra bajo revisión la disposición relacionada con la pérdida de beneficios sociales. Este punto ha sido objeto de cuestionamientos y ya había generado controversia durante la discusión del proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, que posteriormente enfrentó un revés ante el Tribunal Constitucional.
A ello se agrega la eventual modificación de la fórmula destinada a determinar qué organizaciones serán consideradas criminales y las consecuencias penales asociadas a la pertenencia a ellas. Entre las posibilidades que se discuten está radicar completamente esa determinación en el Poder Judicial, sin entregar atribuciones en esta materia al Ejecutivo o al Congreso.
Con la reforma perdiendo respaldo político en su formulación actual, el Ejecutivo buscará reordenar sus prioridades legislativas en seguridad y avanzar con mayor rapidez en otras iniciativas, entre ellas las Reglas de Uso de la Fuerza.
