Un nuevo reportaje de CIPER Chile puso bajo escrutinio la estrategia implementada por el Ministerio de Hacienda para acelerar proyectos de inversión sometidos a tramitación ambiental, esta vez a raíz de la aprobación de una iniciativa minera del Grupo Errázuriz que llevaba 17 años en evaluación y que mantenía observaciones del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Según reveló la investigación periodística, el 7 de mayo el Comité de Ministros acogió el recurso de reclamación presentado por la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, perteneciente al Grupo Errázuriz, autorizando el proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio en el Salar de Atacama”, que contempla una inversión estimada de US$142 millones.
La iniciativa había enfrentado rechazos durante cuatro administraciones debido, de acuerdo con los antecedentes recopilados por CIPER, a que su titular no había entregado un estudio solicitado por Sernageomin para determinar la eventual infiltración de sales de descarte hacia aguas subterráneas del Salar de Atacama.
El proyecto fue incorporado en marzo por el actual gobierno al listado de 51 iniciativas de inversión consideradas prioritarias y sujetas a seguimiento para agilizar su tramitación.
La investigación de CIPER Chile también da cuenta de un vínculo previo entre el Grupo Errázuriz y la consultora Quiroz & Asociados, ligada al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, antes de su llegada al Ejecutivo. En 2025, el conglomerado contrató a esa firma para elaborar un estudio sobre la factibilidad económica de la alianza entre Codelco y SQM para la explotación del litio.
Entre los autores de ese trabajo figuró Tomás Bunster, actual coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda y jefe de los coordinadores de esa cartera. De acuerdo con CIPER, Bunster fue posteriormente designado por Quiroz para participar en el seguimiento de los proyectos de inversión cuya tramitación ambiental es monitoreada desde Hacienda.
El mecanismo forma parte de la política impulsada por esa cartera para agilizar iniciativas estancadas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para ello se constituyó el Comité de Proyectos en el SEIA, integrado por representantes de las subsecretarías de Economía, Interior, Medio Ambiente y Hacienda.
Antes de asumir como ministro, Quiroz explicó en enero a El Mercurio el alcance del mecanismo: “Estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro, con semanas de anticipación, cuándo algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de esa respuesta (…). Eso requiere de una coordinación estrecha, que se hará desde Hacienda”.
CIPER indicó, además, que no existen actas de las sesiones del Comité de Proyectos en el SEIA, por lo que no es posible reconstruir públicamente los criterios utilizados para priorizar determinadas iniciativas ni conocer en detalle las gestiones realizadas ante los organismos sectoriales. Según el reportaje, tampoco son públicos los informes y análisis elaborados por Hacienda respecto de los proyectos cuyo avance se busca acelerar.
El caso del Grupo Errázuriz presenta como elemento central los reparos formulados por Sernageomin. El 23 de marzo de este año, el organismo sostuvo que persistían incertidumbres técnicas que impedían descartar efectos sobre los flujos subterráneos del Salar de Atacama.
Tras una nueva consulta formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Sernageomin reiteró su posición el 9 de abril. “Desde el punto de vista técnico, los antecedentes presentados no permiten acreditar que las potenciales infiltraciones asociadas al apilamiento de sales de descarte no sean capaces de generar una eventual contaminación susceptible de perturbar flujos de agua subterránea o superficiales”, señaló el organismo.
Pese a esos reparos, el Comité de Ministros acogió la reclamación de la empresa. La instancia estuvo integrada por los ministros Jaime Campos, de Agricultura; Francisca Toledo, de Medio Ambiente; Daniel Mas, de Economía y Minería; y May Chomalí, de Salud.
Según la resolución citada por CIPER, el Comité consideró que los requerimientos formulados por Sernageomin se habían extendido “a materias que no contendrían un vínculo causal con los resultados de la nueva modelación hidrológica presentada por el Titular”.
De esta manera, la exigencia planteada por el organismo técnico no desapareció, sino que fue trasladada fuera del procedimiento de evaluación ambiental. La empresa deberá entregar los antecedentes requeridos por Sernageomin antes de iniciar sus operaciones, durante la posterior etapa de tramitación sectorial.
El reportaje recuerda que Quiroz había anticipado en agosto de 2025, cuando encabezaba el equipo económico de la campaña presidencial de José Antonio Kast, que una de las primeras acciones de una eventual administración sería acelerar la resolución de proyectos detenidos. “Se convoca al Consejo de Ministros y se aprueban los US$7 mil millones que están ahí parados, esperando a que se reúnan”, afirmó entonces durante un seminario de Clapes UC.
Los vínculos previos del actual ministro con el Grupo Errázuriz ya habían generado cuestionamientos. El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena sostuvo públicamente que Quiroz había sido consultor de empresas involucradas en la discusión sobre el acuerdo Codelco-SQM. Desde Hacienda respondieron entonces que “la asesoría a la que se hace referencia no corresponde a una actividad como persona natural, sino a una prestación realizada por una persona jurídica”.
La controversia se suma a la generada por el proyecto inmobiliario Alto Santorini, entre cuyos propietarios se encuentra un hermano del ministro de Hacienda y cuya tramitación también fue abordada recientemente por CIPER. Tras ese reportaje, Quiroz afirmó a Radio Biobío que era “totalmente falso” atribuirle la aprobación de proyectos, argumentando que esa decisión no corresponde a sus competencias.
En esa misma intervención, el secretario de Estado explicó el alcance de la estrategia gubernamental: “Las políticas del gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisiones de los organismos, sin empujar posiciones negativas o positivas”.
A raíz de los antecedentes conocidos, el diputado Jaime Bassa (FA) anunció que oficiará al SEA y a otros organismos para conocer cómo se adoptaron las decisiones y determinar si el procedimiento contó con garantías de imparcialidad. En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) adelantó que recurrirá a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento.
La controversia también llegó a la justicia ambiental. De acuerdo con los antecedentes consignados por CIPER Chile, hasta ahora se han presentado dos reclamaciones ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para intentar dejar sin efecto la resolución que autorizó el proyecto. Las comunidades atacameñas de Toconao y Peine sostienen que las observaciones formuladas por Sernageomin debieron ser resueltas dentro del proceso de evaluación ambiental.
