La posibilidad de crear un nuevo Estado de Excepción en materia de seguridad genera diferencias entre los ciudadanos, especialmente respecto de las atribuciones que tendría el Presidente de la República para decretarlo.
Así lo muestra la nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem N° 682, que abordó la percepción ciudadana sobre la agenda de seguridad y la reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast.
De acuerdo con los resultados, un 58% de los consultados está en desacuerdo con que el nuevo Estado de Excepción pueda ser decretado únicamente por el Mandatario, frente a un 37% que respalda esa alternativa. Sin embargo, cuando se plantea que la medida requiera la aprobación del Congreso, el nivel de apoyo aumenta hasta un 52%.
La encuesta también midió el respaldo a las distintas facultades que podrían contemplarse bajo este nuevo régimen. La de mayor adhesión es la posibilidad de requisar bienes vinculados a bandas de crimen organizado o terroristas, respaldada por un 88% de los encuestados.
En segundo lugar aparece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros, medida que alcanza un 78% de aprobación. Más atrás se ubican la interceptación de comunicaciones, con un 46%; la restricción temporal de la libertad de tránsito, con un 40%; y la limitación de la libertad de reunión, que obtiene un 27% de respaldo.
Respecto de la agenda de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast, un 50% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, mientras que un 39% declara estar en desacuerdo.
Las diferencias son más marcadas al observar la identificación política de los consultados. Entre quienes se identifican con la derecha, el respaldo a la agenda gubernamental llega al 78%, mientras que entre quienes se ubican en el centro alcanza un 58%. En contraste, un 71% de quienes se identifican con la izquierda declara estar en desacuerdo.
Otro de los aspectos abordados por Cadem fue la propuesta de modificar la Constitución en materia de seguridad. Sobre este punto, un 51% considera innecesaria una reforma constitucional, bajo la premisa de que el Estado ya dispone de herramientas suficientes para enfrentar la delincuencia.
Pese a ello, algunas de las medidas específicas contempladas en la propuesta alcanzan altos niveles de adhesión. Un 89% respalda que las personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado queden inhabilitadas permanentemente para ejercer funciones o cargos públicos.
Asimismo, un 81% está de acuerdo con incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, mientras que un 80% apoya establecer restricciones durante 15 años para acceder a penas sustitutivas y un 74% respalda la creación de un régimen penitenciario especial.
La medición también abordó la tensión entre las políticas de seguridad y la protección de las libertades individuales. Un 45% de los encuestados considera que ambas dimensiones deben mantenerse en equilibrio.
En tanto, un 35% cree que se debe priorizar la seguridad aunque ello implique restringir libertades, mientras que un 17% sostiene que estas últimas deben ser protegidas incluso cuando aquello limite las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia.
