La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene previsto continuar este lunes la discusión en particular del proyecto de ley que aumenta las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cuando este sea cometido contra integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La iniciativa, correspondiente al Boletín N°17.662-07, se encuentra en primer trámite constitucional y cuenta con urgencia calificada de “discusión inmediata”. El proyecto se originó en una moción encabezada por la diputada Ximena Ossandón y suscrita por los diputados Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, además de los entonces parlamentarios Camila Flores, Carla Morales, Marcia Raphael, Andrés Longton, Miguel Mellado y Hugo Rey.
El texto propone modificar el Código Penal para elevar las sanciones por atentados contra la autoridad cuando las conductas recaigan específicamente sobre funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, incorpora entre las circunstancias agravadas que los responsables actúen en grupo o individualmente, pero amparados en este.
En concreto, cuando concurra alguna de las circunstancias contempladas en el proyecto —como una agresión a mano armada, poner manos sobre la autoridad, que mediante coacción esta acceda a las exigencias de los responsables o que estos actúen en grupo—, se propone para hechos cometidos contra policías una pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Cuando no concurran dichas circunstancias, la propuesta establece presidio menor en su grado mínimo y una multa de seis a diez UTM.
Uno de los principales cambios contemplados por la moción es la creación de una figura penal destinada a sancionar a quien insulte u ofenda gravemente a un funcionario policial mientras ejerce sus funciones. Para Carabineros, la modificación se incorporaría al Código de Justicia Militar, mientras que para funcionarios de la PDI se incluiría en su respectiva ley orgánica.
En ambos casos, el proyecto establece que quien “insultare u ofendiere gravemente” a un funcionario policial, conociendo o no pudiendo menos que conocer su calidad de tal, arriesgará una pena de prisión en su grado máximo y una multa de una a cuatro UTM, siempre que el hecho no constituya un delito de mayor gravedad.
La propuesta también modifica el Código Procesal Penal para permitir excepcionalmente la detención en flagrancia de quienes incurran en estas conductas contra integrantes de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.
En sus fundamentos, los autores sostienen que, pese al fortalecimiento de la protección penal de los funcionarios policiales durante los últimos años, existen otras conductas que, aunque de menor entidad que una agresión física, “erosionan la autoridad policial y merecen ser abordadas”. La moción reconoce, al mismo tiempo, que la eliminación de antiguas figuras de desacato estuvo vinculada a su colisión con las libertades de expresión y opinión.
La iniciativa forma parte de la discusión legislativa en materia de seguridad y ha generado cuestionamientos desde sectores de oposición, desde donde se ha planteado que este tipo de medidas tendría un efecto principalmente comunicacional y no representaría una herramienta sustantiva para enfrentar la delincuencia.
Revisa el proyecto de ley a continuación:
