El colapso de una tubería de aguas servidas en el sector Santa Laura de Máfil dejó al menos a nueve terrenos afectados y encendió las alarmas por la eventual contaminación de los pozos y norias que abastecen a las familias de la zona. Frente a esta emergencia sanitaria, el senador Alfonso De Urresti ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para agilizar las investigaciones y asegurar que la respuesta de la empresa responsable esté a la altura del daño ocasionado.
La falla, originada en el ducto que conduce los residuos hacia la planta de tratamiento, se produjo tras el intento de reparación de una filtración que ya había sido advertida por los propios vecinos. El colapso final de la estructura terminó por escurrir material contaminante hacia los predios aledaños.
El mayor riesgo de esta situación recae en las fuentes hídricas de las familias, quienes dependen de sus pozos para el consumo diario. Si bien Suralis dispuso medidas paliativas como la entrega de agua mediante camiones aljibe y estanques, el parlamentario advierte que corresponde a una respuesta de contingencia pero no resuelve la incertidumbre de fondo sobre la viabilidad futura de las napas.
En este escenario, el senador De Urresti enfatizó que la prioridad absoluta es resguardar la salud de las personas, instando a los organismos pertinentes a realizar una fiscalización rigurosa que no se quede solo en la contingencia.
“Estamos frente a una situación crítica; las familias de Santa Laura necesitan la certeza de que sus tierras y pozos no están envenenados, además de suministro constante mientras dura la emergencia”, señaló el legislador. A través del oficio enviado a la SISS, De Urresti busca transparentar la fiscalización en terreno, los resultados de los análisis químicos y evaluar la verdadera suficiencia del plan de contingencia implementado por la sanitaria.
Finalmente, el parlamentario subrayó la necesidad de buscar responsabilidades: “Además de mitigar el problema de hoy, debemos saber por qué falló esta infraestructura que ya había presentado avisos previos, y qué sanciones y garantías existen para que este desastre no se vuelva a repetir. El acceso al agua segura debe ser un estándar y las instituciones del Estado deben actuar con la máxima pertinencia”.
