Un importante avance legislativo logró el proyecto que busca agilizar la regularización de títulos de dominio de familias damnificadas por emergencias, luego de ser aprobado este miércoles 5 de agosto por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa quedó en condiciones de ser analizada por la Sala y propone crear un procedimiento extraordinario para regularizar la pequeña propiedad raíz en zonas declaradas en estado de catástrofe. Su objetivo es evitar que la falta de documentación sobre la propiedad retrase el acceso a subsidios habitacionales y otras ayudas públicas destinadas a la reconstrucción.
Actualmente, este proceso puede extenderse hasta por 18 meses. Con la modificación propuesta, el plazo se reduciría a seis meses para las personas damnificadas que cumplan los requisitos establecidos.
La ministra Parot destacó el respaldo parlamentario obtenido por el proyecto y agradeció los aportes realizados durante su tramitación en la comisión.
“Quisiera agradecer muy sinceramente a las diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda por la aprobación de este proyecto, que va en directa ayuda de las personas y familias que han sido damnificadas por una catástrofe. Muchas gracias también por su compromiso y las preocupaciones y los aportes manifestados durante su discusión, que permitieron enriquecer esta iniciativa. Esperamos que ahora pueda avanzar con el mismo espíritu en la Sala de la Cámara, para que este beneficio llegue cuanto antes a quienes más lo necesitan”, señaló.
La propuesta no sustituye el procedimiento ordinario de regularización de la pequeña propiedad raíz. Se trata de un mecanismo excepcional que solo podrá aplicarse a personas damnificadas ubicadas en territorios oficialmente declarados en estado de catástrofe.
El proyecto también mantiene las garantías jurídicas y la protección de los derechos de terceros, mediante mecanismos reforzados de publicidad y oposición administrativa.
Otro de sus principales componentes es la gratuidad. Las familias beneficiarias no tendrán que pagar por publicaciones, certificados, inscripciones ni gestiones ante el Conservador de Bienes Raíces. La iniciativa contempla, además, la posibilidad de tramitar gratuitamente el alzamiento de prohibiciones en favor de personas mayores y pacientes con enfermedades terminales.
La propuesta también busca reducir la burocracia mediante un mayor intercambio de información entre las instituciones públicas, evitando que las personas afectadas deban gestionar documentos que ya se encuentran en poder del Estado.
La iniciativa responde a las dificultades enfrentadas por familias que, pese a habitar durante años una propiedad, no cuentan con un título de dominio regularizado. Esta situación puede impedir o retrasar su incorporación a programas estatales de reconstrucción después de incendios, terremotos, inundaciones u otras catástrofes.
