Lo primero que debe decirse con claridad jurídica es que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente no es un régimen de impunidad. Desde 2007 sanciona a adolescentes entre 14 y 17 años, incluida la privación de libertad, bajo un sistema especializado que responde a la Convención sobre los Derechos del Niño y a las Reglas de Beijing, tratados que Chile suscribió y que no puede desconocer por decreto legislativo cada vez que un crimen indigna a la opinión pública. La edad de 14 años no fue capricho del legislador: recogió evidencia de desarrollo cognitivo y neurológico sobre la capacidad real de comprensión de la ilicitud a esa edad. Bajarla a 13 no es ajustar un número, es debilitar una garantía reforzada que el derecho internacional construyó específicamente para proteger a quien todavía no tiene madurez plena para responder como adulto.

La propia bancada que impulsa la reforma admite el dato que debiera darle vuelta al argumento completo: las bandas reclutan adolescentes precisamente porque saben que la sanción es más baja. Ese es el problema de fondo, no la edad de imputabilidad. Bajar el umbral penal no desarma a quien organiza el delito y usa al menor como instrumento desechable; solo traslada el peso de la respuesta punitiva desde el adulto que recluta hacia el niño que es, la mayoría de las veces, la primera víctima de esa cadena. Ni siquiera el alcalde de Providencia, del propio sector oficialista, respalda la rebaja: según ha señalado él mismo, la evidencia comparada no muestra que bajar la edad reduzca la delincuencia en ningún país donde se ha aplicado. Cuando ese diagnóstico viene de dentro de la coalición de gobierno, deja de ser una objeción de la oposición y pasa a ser, simplemente, un hecho.

Legislar con el nombre de una víctima todavía fresco en el imaginario público es la definición exacta del populismo penal: una ley que se aprueba para la emoción del momento, no para la causa del problema, y que además compromete estándares internacionales sin ninguna certeza de que vaya a evitar la próxima tragedia. Por eso, más que insistir en bajar la edad de imputabilidad, la discusión debiera centrarse en tres frentes que sí tienen respaldo en la evidencia y que no exigen sacrificar garantías básicas de la infancia.

El primero es la persecución efectiva de los adultos que reclutan menores para delinquir, hoy tratados casi como daño colateral de la noticia mientras el foco mediático y legislativo se concentra en el adolescente. El segundo es continuar fortaleciendo, con recursos reales e implementando mejoras de gestión, el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que reemplazó al Sename precisamente porque el sistema anterior fracasó en su misión rehabilitadora; sin un sistema de reinserción que funcione, cualquier reforma penal es, como han dicho parlamentarios de distintos sectores, un parche. El tercero es endurecer con proporcionalidad y no con populismo, las sanciones aplicables a los delitos de mayor gravedad cometidos por jóvenes de 16 y 17 años, con reincidencia comprobada o vinculados a delitos de alta connotación social, que es justamente la vía que ya tramita el Senado a partir de una moción presentada en 2022, sin necesidad de tocar la edad mínima de imputabilidad ni exponer a Chile a observaciones del sistema interamericano de derechos humanos.

Desde Los Ríos, región que conoce de cerca tanto la precariedad de los sistemas de protección de infancia como la distancia que separa a Santiago de la realidad de los territorios, sabemos que ese camino sí existe: durante 2025 se invirtió, en una gran gestión conjunta con el Gobierno Regional, más de mil millones de pesos en el sistema penitenciario y en el de justicia juvenil de la región. Ese es el camino, y por eso llamamos a los parlamentarios y parlamentarias, de todos los sectores, a no ceder a la tentación de legislar bajo la presión emocional de un crimen de sangre. La infancia de este país, sea infractora o víctima, no necesita una ley con el nombre de una tragedia en el título; necesita un Estado que diseñe estrategias públicas serias, fortalezca a sus equipos técnicos y destine los recursos suficientes a las instituciones a cargo de estos procesos. Prevenir a tiempo y no la mano dura tardía, es el paso que hoy nos desafía como sociedad.