El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) descartó que existan errores matemáticos en las proyecciones de deuda pública elaboradas por la administración anterior, luego de analizar las observaciones formuladas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había acusado una supuesta subestimación de la deuda para el período 2026-2030 por cerca de 9,5 billones de pesos.
Tras revisar los antecedentes, el organismo autónomo concluyó que los cuadros de usos y fuentes de financiamiento contenidos en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP4T25) son internamente consistentes y que la diferencia observada entre el aumento proyectado del déficit y el crecimiento de la deuda tiene una explicación técnica.
La controversia surgió luego de que el titular de Hacienda señalara que las proyecciones contemplaban un incremento de los déficits cercano a los 13 billones de pesos, mientras que la deuda pública aumentaba solo en tres billones, lo que a juicio de la autoridad evidenciaba un faltante significativo en las estimaciones heredadas.
Sin embargo, el CFA determinó que dicha brecha se explica por dos componentes específicos incorporados en las proyecciones. Por una parte, el otorgamiento neto de préstamos, estimado en alrededor de 5,5 billones de pesos, y por otra, los flujos de consolidación y otros requerimientos financieros, calculados en cerca de 5,6 billones. Ambas partidas reducen los usos de financiamiento en aproximadamente 11,1 billones de pesos, permitiendo cuadrar las cifras cuestionadas.
El análisis del organismo también consideró un informe emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres) el pasado 5 de junio de 2026. En ese documento, la propia repartición dependiente de la actual administración concluyó que “el deterioro fiscal incorporado en el IFP 4T25 fue efectivamente traspasado a las necesidades de financiamiento”, descartando que la diferencia observada se originara en la transición entre el balance efectivo y la caja del Tesoro Público.
Pese a validar la consistencia numérica del informe, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el problema principal radica en la forma en que fueron presentados los antecedentes. Según el organismo, la proyección oficial incorporó supuestos de ajuste fiscal y decisiones de gestión financiera que no fueron explicitados adecuadamente en los documentos públicos, dificultando su seguimiento y evaluación.
La situación adquiere especial relevancia debido a que las estimaciones fueron elaboradas durante el último tramo de un gobierno, mientras que la implementación de las medidas necesarias para concretar los ajustes proyectados quedó en manos de la administración siguiente.
En ese contexto, el CFA sostuvo que incorporar decisiones de gestión fiscal en las proyecciones de deuda no constituye una práctica improcedente. No obstante, planteó la necesidad de elevar los estándares de transparencia para evitar controversias similares en el futuro.
Entre sus recomendaciones, el organismo propuso que cualquier medida de ajuste fiscal o financiera que dependa de decisiones políticas futuras y tenga impacto sobre la trayectoria de la deuda sea presentada en una línea separada dentro de los informes fiscales. Además, sugirió identificar de manera explícita su naturaleza, monto y grado de dependencia respecto de la administración que deba ejecutarla.
A juicio del Consejo, este tipo de modificaciones permitiría estimar la evolución de la deuda tanto con como sin la aplicación de dichas medidas, fortaleciendo la transparencia de las cuentas públicas y facilitando un debate legislativo más informado sobre la sostenibilidad fiscal del país.
