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Demandan a la senadora Camila Flores por deuda de $18 millones por imanes de su campaña senatorial

La información fue revelada por la Unidad de Investigación de Radio Biobío y da cuenta de una demanda civil presentada por el dueño de una imprenta contra la senadora Camila Flores (RN), a quien acusa de no pagar más de $18 millones por la fabricación de 40 mil imanes utilizados en su campaña al Senado. Mientras el proveedor sostiene que el trabajo fue encargado para la candidatura de la parlamentaria y que nunca recibió el pago correspondiente, Flores negó haber contratado el servicio y, según una fuente citada en el reportaje, considera que dicho material correspondía a una donación.

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La senadora Camila Flores (RN) enfrenta una controversia judicial luego que el propietario de una imprenta presentara una demanda civil en su contra por una presunta deuda superior a los $18 millones, correspondiente a la fabricación de 40 mil imanes promocionales utilizados durante su campaña senatorial.

Según reveló un reportaje de Radio Biobío, la controversia se originó a partir de gestiones realizadas por Luis Villa Villar, asesor de empresarios chinos, quien aseguró haber sido contactado por María Ester Munnier —exdirectora regional del Senda, militante de la UDI y excandidata al Consejo Regional de Valparaíso— con el objetivo de buscar apoyo para la candidatura de Flores.

Respecto de cómo se generó el vínculo, Villa relató que: “A través mío unos empresarios chinos le ayudaron a María Ester para su candidatura. Empezamos a tener buena comunicación y ella después me llamó para ver si yo podía conseguir gente que ayudara a Camila Flores. Dijo que ella [Camila] me quería conocer”.

De acuerdo con su versión, tras una reunión sostenida con la entonces candidata el 27 de octubre, se le solicitó apoyo para contactar una imprenta que pudiera desarrollar material de campaña. “Si yo podía contactar una imprenta porque necesitaban hacer unos trabajos para la candidatura y ahí yo los puse en comunicación con mi tío, Hugo Villar, para que acordaran los términos. Ahí fue cuando, a través de sus asesores, solicitaron el trabajo a él de forma particular”, afirmó.

El trabajo consistió en la elaboración de 40 mil imanes con la imagen de la candidata. Según el reportaje, inicialmente se esperaba que empresarios chinos financiaran el encargo, situación que finalmente no ocurrió.

Sobre ello, Luis Villa señaló que “ella [Camila] siempre pidió que le ayudaran los empresarios a pagar la factura (…) Después yo hablé con los chinos y no la quisieron ayudar porque no les contestó nunca el teléfono. A mí tampoco me contestaron nunca más”.

Ante la falta de pago, Hugo Villar, dueño de la imprenta, inició acciones judiciales para obtener el cobro de la factura, cuyo monto asciende a $18,3 millones.

El abogado del empresario, Vinko Fodich, sostuvo que “estos servicios que fueron prestados no han sido pagados por la senadora, ni siquiera después de haber obtenido su devolución por parte del Servicio Electoral. Por tal motivo, hemos iniciado una demanda de cobro ejecutivo por la factura”.

Respuesta de Camila Flores

Consultada por Radio Biobío, la senadora negó cualquier responsabilidad en la contratación del servicio y rechazó las acusaciones.

De acuerdo con el citado medio, Flores negó “categóricamente” haber solicitado los trabajos a la imprenta. Asimismo, una fuente consultada por el reportaje señaló que la parlamentaria consideraría los imanes como una donación.

La publicación también incorpora registros audiovisuales en los que se observa el retiro de los imanes desde dependencias de la imprenta. Según el reportaje, en las imágenes aparece el vehículo utilizado por Flores para sus actividades parlamentarias, el cual es financiado con recursos fiscales. Además, quien lo conducía correspondería a un funcionario de Carabineros perteneciente al Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI), asignado a la entonces diputada tras recibir amenazas.

Debido al fuero parlamentario que posee la legisladora, durante los próximos días el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar a un ministro que determine la admisibilidad de la demanda presentada por el proveedor.

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