La Municipalidad de Valdivia confirmó la suspensión preventiva de Pablo Sánchez, asesor de comunicaciones e integrante del gabinete de la alcaldesa Carla Amtmann, luego de que fuera formalizado en el marco de una investigación del Ministerio Público que busca desarticular una organización criminal dedicada al transporte, comercialización y distribución ilegal de recursos marinos.
La medida fue comunicada oficialmente este miércoles por el municipio, que además informó el avance del sumario administrativo instruido tras conocerse la situación judicial del funcionario. En un comunicado público, la casa edilicia recordó que ya había iniciado una investigación interna respecto del caso.
Según señaló la Municipalidad de Valdivia, “la fiscal designada ha iniciado inmediatamente su tramitación y, como primera medida, ha decretado la suspensión preventiva del funcionario por el periodo que dure la investigación del sumario administrativo”.
Asimismo, el municipio sostuvo que “siguiendo su compromiso de transparencia, la administración municipal mantendrá informados a los vecinos y vecinas del curso de este proceso”.
Sánchez figura entre las 54 personas detenidas en un amplio operativo policial desarrollado en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La investigación apunta a una presunta asociación ilícita dedicada al tráfico y comercialización de productos del mar obtenidos al margen de la normativa sanitaria, tributaria y de trazabilidad vigente. Tras la audiencia de formalización realizada esta semana, cuatro de los imputados quedaron en prisión preventiva.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la organización operaba a través de tres estructuras coordinadas que abastecían el mercado de Valdivia con grandes volúmenes de recursos hidrobiológicos provenientes principalmente de la comuna de Calbuco.
La primera de estas estructuras obtenía cargamentos ilícitos a través de proveedores ubicados en la Región de Los Lagos y contaba con una red de recaudación de dinero en la Feria Fluvial de Valdivia. Según la investigación, además recibía apoyo de trabajadoras de un peaje en La Unión, quienes alertaban sobre eventuales controles y fiscalizaciones en las rutas utilizadas para el traslado de la mercancía.
Una segunda estructura tenía su centro de operaciones en distintos puestos de la Feria Fluvial de Valdivia, donde se realizaba el acopio y comercialización de los productos.
En tanto, la tercera rama era abastecida por un clan familiar de Calbuco, cuyos integrantes movilizaban entre 2.500 y 3.000 kilogramos de recursos marinos en dos ocasiones por semana hacia la capital regional.
La Fiscalía sostuvo además que la organización contaba con la participación activa de funcionarios públicos, incluyendo miembros de Carabineros y de Sernapesca, quienes habrían facilitado las operaciones mediante distintas acciones destinadas a evitar controles y fiscalizaciones.
Según el Ministerio Público, las actividades ilícitas permitieron a la organización acumular un patrimonio cercano a los $4.500 millones. Para ocultar el origen de los recursos, los imputados habrían implementado un esquema de lavado de activos que incluía el uso de múltiples cuentas bancarias, adquisición de vehículos de alto valor, compra de propiedades e inversiones inmobiliarias.
La investigación también estima un perjuicio fiscal de aproximadamente $855 millones producto de la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociada a estas operaciones.
Entre los antecedentes presentados durante la formalización, la Fiscalía además atribuyó a algunos integrantes de la organización la comercialización de salmón no apto para el consumo humano, proveniente presuntamente de una planta clandestina ubicada en Puerto Montt. Asimismo, durante los procedimientos se incautaron armas de fogueo y municiones en poder de uno de los líderes de la red.
