Los sindicatos de la Feria Fluvial de Valdivia se pronunciaron públicamente tras la formalización de los 54 imputados vinculados a una investigación liderada por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de recursos marinos entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
El caso ha generado especial atención debido a que entre los detenidos figuran tres funcionarios de Carabineros, un exdirector regional subrogante de Sernapesca y el ahora exasesor de comunicaciones de la Municipalidad de Valdivia. Asimismo, algunos trabajadores y locatarios de la tradicional Feria Fluvial también se vieron involucrados en la investigación.
Frente a este escenario, la presidenta del Sindicato Independiente N°2 de Pescados y Mariscos, María Eugenia Soto, expresó el respaldo de la organización hacia sus asociados, señalando que los comerciantes adquirían productos respaldados por documentación formal.
“Nosotros estamos apoyando a nuestros locatarios, porque nosotros estábamos seguros de lo que nos estaban vendiendo con factura y nosotros no teníamos como saber si es verdad o mentira, y todos compramos igual porque llegaban acá ofreciendo y nosotros compramos. Hoy está en tela de juicio hasta un reportero de la Municipalidad ¿qué desconfianza podíamos tener nosotros en comprar esos productos?”, manifestó Soto.
La dirigente añadió que esperan que la investigación concluya prontamente y reiteró que los involucrados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia en su contra.
“Esperamos que termine pronto la investigación para el bien de todos nuestros asociados y recalcamos la presunción de inocencia, para que ellos puedan seguir trabajando. Nosotros somos dueños de casa, de esto dependemos, es nuestro sustento y tenemos que seguir adelante porque nunca jamás había ocurrido esto en nuestra feria, hay gente que lleva 50 años trabajando acá y fueron detenidos en consecuencia que jamás habían pasado por algo así”, sostuvo.
En la misma línea, la presidenta del Sindicato N°1 del sector de Frutas y Verduras, Claudia Órdenes, afirmó que la organización respalda a los comerciantes mientras avanza la investigación judicial.
“Para nosotros es importante aclarar este tema, porque no estamos culpando a nadie, y para eso es preciso que la investigación avance de manera rápida. Nosotros estamos dando nuestro apoyo a los colegas, porque si bien fueron detenidos, eso no implica que sean culpables, creemos en la presunción de inocencia y que no se puede culpar a nadie mientras la investigación no termine”, señaló.
La investigación, iniciada durante 2024 por la PDI y el Ministerio Público, permitió establecer la existencia de una asociación criminal integrada por tres estructuras organizadas que se dedicaban al comercio ilegal de recursos marinos. Según los antecedentes expuestos durante la formalización, la red operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, distribuyendo posteriormente los productos hacia distintos mercados y centros de abastecimiento del país.
Durante la audiencia de formalización realizada el 9 de junio, el tribunal acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. De esta manera, 46 imputados quedaron sujetos a firma mensual y arraigo nacional, mientras que otros ocho fueron enviados a prisión preventiva por considerarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
