Durante años, miles de osorninos han debido convivir con problemas de frecuencia, accesibilidad, cobertura y calidad del servicio. Por eso, cuando se anunció un proyecto de modernización del transporte público de este nivel, gran parte de la comunidad lo vio como una oportunidad histórica para mejorar una situación que arrastra falencias desde hace décadas.

Nadie discute que los procesos de transición deben considerar a todos los actores. Pero una cosa es perfeccionar un proyecto y otra muy distinta es paralizarlo indefinidamente sin ofrecer nada a cambio, dañando el trabajo de años de dirigentes sociales y ciudadanía en favor de él.

La verdadera discusión no debiera ser si Osorno merece o no un transporte más moderno y más digno. La pregunta es cuánto tiempo más deberán esperar sus habitantes para contar con él.

Y esta reflexión va más allá de la ciudad de Osorno. Desde Purranque, Puyehue, Río Negro, San Pablo, San Juan de la Costa y Puerto Octay, miles de personas viajan diariamente a la capital provincial en un sistema muchas veces aún más precario que el que opera dentro de la propia ciudad, enfrentando alzas constantes de pasajes, malos tratos, problemas de frecuencia y servicios que en numerosos casos no cumplen los estándares mínimos que la ciudadanía merece.

Por eso preocupa que, cuando al fin surge una oportunidad de modernización que podría transformarse en un puntapié para mejorar el transporte público de toda la provincia, la discusión se centre únicamente en proteger el sistema actual y a quienes lo tienen capturado, y no en cómo garantizar un mejor transporte para las personas.

Porque al final del día, el objetivo del transporte público no es servir de negocio para unos pocos; es servir a los usuarios y al bien general de la comunidad para su vida diaria.