Un complejo escenario financiero enfrenta la Municipalidad de Máfil, luego de que la Superintendencia de Educación aplicara una multa de 510 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de 37 millones de pesos, por incumplimientos relacionados con la rendición de recursos educacionales recibidos durante 2024.
El procedimiento administrativo fue iniciado en septiembre del año pasado, cuando el organismo fiscalizador detectó la ausencia de información respecto de aportes estatales recibidos por el municipio mientras aún ejercía como sostenedor de los establecimientos educacionales, antes del traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
Tras analizar los antecedentes, la Superintendencia concluyó que existió una infracción de carácter grave, vinculada a recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Según confirmó el alcalde Andrés Lara, el caso involucra aproximadamente 350 millones de pesos que no fueron debidamente rendidos.
Frente a esta situación, el jefe comunal indicó que la administración municipal buscará revertir o reducir la sanción. En ese contexto, señaló que apelarán a la resolución emitida por la Superintendencia de Educación con el objetivo de obtener una rebaja de la multa o, idealmente, dejarla sin efecto.
La autoridad comunal sostuvo además que este problema se suma a otras dificultades financieras heredadas en el área educativa. Entre ellas, mencionó una deuda superior a los 220 millones de pesos correspondiente a recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), los que no habrían sido rendidos correctamente y que, según los antecedentes disponibles, habrían sido utilizados para fines distintos a los establecidos.
Andrés Lara expresó su preocupación por el impacto que estas situaciones están generando en las finanzas municipales, asegurando que durante administraciones anteriores se produjeron diversas irregularidades en el manejo de recursos destinados a Educación.
Asimismo, advirtió que parte importante de los recursos proyectados para su período alcaldicio deberán destinarse al pago de obligaciones pendientes, sanciones y compromisos financieros derivados de estas situaciones, lo que podría limitar la capacidad de inversión y ejecución de nuevas iniciativas durante los próximos años.
