A través de una carta abierta difundida públicamente, la directiva del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Rural El Huape denunció una eventual decisión de cerrar el establecimiento educacional ubicado en el sector rural de La Unión, acusando “nula empatía” de las autoridades comunales y cuestionando los argumentos económicos planteados desde el municipio.
En el comunicado, los apoderados señalaron que el pasado 27 de mayo acudieron a la Municipalidad de La Unión para entregar una carta manifestando su preocupación por rumores sobre el cierre de escuelas unidocentes de la comuna. Según relataron, en esa instancia sostuvieron una conversación con el alcalde Saturnino Quezada Solís, quien les habría indicado que debía cerrar la escuela porque “había 12 personas trabajando en ella”, argumentando falta de recursos para mantenerla funcionando.
Sin embargo, desde la organización rechazaron esa afirmación y aseguraron que “lo que dice el Alcalde no es verdad”, indicando que el establecimiento cuenta de manera permanente solo con una profesora encargada y que el resto de los profesionales asisten de forma parcial e itinerante para cumplir funciones específicas como Inglés, Educación Física, Religión Evangélica y apoyo psicológico limitado. Además, precisaron que la escuela no cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE).
La directiva sostuvo además que el establecimiento está protegido por la Ley N° 20.248 y el DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, normativa que contempla el denominado “Piso Rural”, mecanismo que asegura financiamiento base para escuelas rurales aisladas. En la declaración pública citaron textualmente que “la subvención mensual no podrá ser inferior al valor equivalente a 15 alumnos”, independiente de la matrícula efectiva del recinto.
En esa línea, los apoderados afirmaron que “el Estado financia completamente la escuela para resguardar el derecho a la educación en el campo”, agregando que “la municipalidad no gasta de su propio bolsillo para mantenerla abierta”. Por ello, sostuvieron que “el argumento económico de la Alcaldía se cae por completo ante la legalidad vigente”.
Respecto al rol del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), los representantes del centro de padres señalaron que el alcalde también habría atribuido al organismo presiones para cerrar escuelas rurales. No obstante, indicaron que realizaron consultas a la Superintendencia de Educación en Valdivia y que, según la respuesta recibida, “el SLEP no obliga a cerrar escuelas unidocentes si estas mantienen su matrícula y cuentan con el piso rural de financiamiento”.
En el comunicado, además, relacionaron esta situación con conflictos previos ocurridos en el sector. Los apoderados recordaron que en diciembre de 2023 un vecino “se apropió de una parte del terreno que pertenece a nuestra escuela” y que posteriormente impulsó gestiones para instalar un proyecto de energía eólica frente al establecimiento. Según expusieron, la presencia de la escuela sería uno de los elementos considerados para la evaluación ambiental del proyecto, por lo que plantearon que el eventual cierre “deja la puerta abierta para la instalación de este parque eólico”.
Finalmente, la directiva hizo un llamado a las autoridades comunales a reconsiderar cualquier decisión relacionada con el cierre del recinto educacional. “Los niños del sector rural tienen el mismo derecho a educarse en su entorno”, señalaron, agregando que no permitirán “que apaguen el futuro de nuestros hijos en completo silencio”.
