El Gobierno redefinió su estrategia penitenciaria y dejó en un segundo plano la construcción de una cárcel de máxima seguridad, una de las promesas emblemáticas de campaña del presidente José Antonio Kast en materia de combate al crimen organizado.
La nueva planificación del Ejecutivo apunta a fortalecer la capacidad del sistema penitenciario mediante la continuidad de proyectos contemplados en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria impulsado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La estrategia considera principalmente la ampliación de recintos ya existentes y la generación de nuevas plazas carcelarias de aquí a los próximos años.
Desde sectores de la oposición, la decisión fue interpretada como una validación del modelo heredado. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Mulet, afirmó que “el gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030”, agregando que “de alguna manera eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente”.
El debate también se trasladó al impacto territorial que podría generar la expansión de la infraestructura penitenciaria, especialmente en comunas que actualmente concentran recintos carcelarios.
En esa línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó su rechazo a nuevas ampliaciones en la capital y advirtió sobre las consecuencias que esto podría generar para los barrios cercanos a los penales. “No es efectivo que las personas que van a llegar a esa ampliación van a ser solo las 1.600 que están en Santiago 1, porque la historia lo desmiente. Cuando llegan 5.000 personas a ese lugar, estamos hablando de 50.000 visitas, con todo lo que eso acarrea”, señaló.
El jefe comunal sostuvo además que Chile necesita incrementar su capacidad penitenciaria, aunque insistió en que los nuevos recintos deberían emplazarse fuera de las zonas urbanas consolidadas para evitar una mayor presión sobre las comunidades aledañas.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa nuevas medidas orientadas a reforzar el control sobre internos vinculados al crimen organizado. Entre las alternativas que se analizan figuran mayores restricciones para reclusos considerados de alta peligrosidad y un endurecimiento de los controles sobre las comunicaciones dentro de los penales.
Sobre estas iniciativas, el exministro de Justicia Isidro Solís sostuvo que este tipo de medidas forman parte de prácticas habituales en sistemas penitenciarios de alta seguridad implementados en distintos países. “A mí no me parece nada extraño, no me parece una cosa que esté fuera de los cánones o de la actividad normal de un servicio penitenciario”, indicó.
La discusión surge en medio de las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario por el déficit de plazas y el aumento de fenómenos asociados al crimen organizado, escenario que ha llevado al Gobierno a revisar sus prioridades en materia de infraestructura y control carcelario.
