La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) emplazó al Presidente de la República, José Antonio Kast, a intervenir con urgencia para corregir los efectos que ha generado la aplicación de la Ley de 40 Horas en el sector público regido por el Código del Trabajo, calificando la situación como una “paradoja jurídica inaceptable” que termina aumentando la permanencia laboral de las y los funcionarios.
En una carta enviada al Mandatario, la organización —que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial desde Arica a Punta Arenas— manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República, emitido tras la entrada en vigencia del segundo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales.
Según expusieron sus dirigentes, el criterio fijado por el órgano contralor establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas, el tiempo de colación ya no puede imputarse a la jornada laboral para el personal público regido por el Código del Trabajo. En la práctica, sostienen, esto provoca que trabajadores y trabajadoras permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso la jornada previa a la reforma.
“La reducción horaria termina convirtiéndose en un aumento efectivo del tiempo de permanencia en las reparticiones públicas, desnaturalizando completamente el espíritu de conciliación familiar y calidad de vida que inspiró la Ley de 40 Horas”, advirtió la presidenta de la organización, Victoria Escalante, tras la entrega de la carta en el Palacio de Gobierno.
Escalante sostuvo además que la propia Contraloría “ha señalado reiteradamente que corresponde al Poder Ejecutivo subsanar las asimetrías o vacíos legales que afectan al empleo público”, justificando así la solicitud realizada al Ejecutivo para utilizar las facultades legales disponibles y corregir de inmediato esta situación.
Entre las medidas planteadas por la organización gremial se encuentra la utilización de la facultad de delegación legislativa contemplada en el artículo 39 de la Ley N° 21.806 de Reajuste del Sector Público, mediante la dictación de Decretos con Fuerza de Ley desde el Ministerio de Hacienda que permitan resguardar la colación computable como derecho adquirido y evitar discriminaciones entre funcionarios públicos.
Asimismo, solicitaron el ingreso urgente de un proyecto de ley general para el sector público que aborde la “deuda histórica de equidad laboral”, junto con incorporar normas transitorias que aseguren que la reducción de jornada no implique pérdida de condiciones laborales más favorables previamente consolidadas.
Finalmente, desde FENADAJ enfatizaron que esta situación ocurre en medio del proceso de instalación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, establecido en la Ley 21.780, advirtiendo que mantener la actual interpretación administrativa podría profundizar las desigualdades laborales dentro del sistema público de acceso a la justicia.
