Un tenso debate se vivió la mañana de este viernes 15 de mayo durante un concejo extraordinario de la Municipalidad de La Unión, instancia en la que finalmente fue rechazada la propuesta de asignación de la Beca Municipal de Educación Superior 2026, luego de que cuatro concejales votaran en contra de la iniciativa, argumentando presuntas irregularidades y cuestionamientos al proceso de selección.
Según fue expuesto por el Departamento Social, este año se recibieron 498 postulaciones, de las cuales 464 fueron declaradas admisibles y 34 inadmisibles por falta de documentación, exceso de ingreso per cápita o incumplimiento del requisito de nota mínima. Posteriormente, las postulaciones fueron evaluadas por una comisión técnica integrada por cuatro profesionales del área social, priorizando a los beneficiarios según puntaje, quedando seleccionados 255 estudiantes y otros 209 en lista de espera.
Durante la sesión, la concejala Patricia Aguilar justificó su rechazo asegurando que su decisión “no es un tema de fondo, es un tema de forma”, precisando que comparte la entrega del beneficio económico, pero cuestionó el mecanismo de selección. “Yo voto a conciencia para que revisemos la forma de beneficiar a personas o familias que realmente lo necesitan”, afirmó.
En esa línea, Aguilar sostuvo que existen dudas respecto de algunos beneficiarios y planteó que el sistema debería revisarse para evitar cuestionamientos ciudadanos. “Somos una ciudad pequeña donde casi todos nos conocemos”, señaló, agregando que “hagamos un esfuerzo por ir rotando el beneficio, que no sean siempre los mismos privilegiados”.
Durante su intervención, la concejala Patricia Aguilar también planteó que el municipio debería evaluar la creación de un mecanismo diferenciado para determinados grupos familiares. “Yo sugiero crear incluso, como se hizo en su momento una beca que pueda beneficiar a funcionarios públicos, fuerzas armadas, cuyos sueldos son mucho más altos que el que hoy día tiene una persona que a lo mejor es independiente, chofer de colectivo, cuidadora o asesora de hogar”, señaló.
Asimismo, Aguilar sostuvo que habla desde su propia experiencia económica y social, indicando que actualmente mantiene una situación financiera favorable. “Yo hoy día me siento privilegiada de tener un sueldo de 1 millón 84 mil pesos siendo concejala, más un sueldo de radio”, afirmó, agregando que en el pasado atravesó periodos de cesantía donde una ayuda económica de este tipo habría significado un apoyo fundamental.
Por su parte, el concejal Said Neira explicó que su rechazo se originó tras recibir antecedentes respecto de beneficiarios hijos de funcionarios municipales. “Acá se supone que es para la gente que más lo necesita”, afirmó, indicando que conoció un caso donde ambos padres percibirían ingresos superiores al millón de pesos.
“Dejamos mucha gente fuera que de verdad lo necesita y no lo comparto”, agregó Neira, señalando además que “aquí el populismo no sirve, hay que hacer las cosas como son y como corresponden”.
La concejala Emilia Rauld también rechazó la propuesta, argumentando observaciones administrativas y cuestionamientos sobre la objetividad del procedimiento. “No estoy en condiciones de aprobar el listado de beneficiarios en esta oportunidad”, indicó.
Rauld sostuvo que detectó aspectos que “no me dan la tranquilidad de que estemos frente a un proceso totalmente objetivo e imparcial”, advirtiendo además que aprobar el proceso en esas condiciones podría eventualmente generar “observaciones de Contraloría o reclamos que terminen perjudicando a los mismos estudiantes”.
“Mi voto de rechazo no es en contra de los estudiantes, es a favor de que las cosas se hagan bien desde el principio”, añadió.
En tanto, el concejal Daniel Noriega explicó que decidió rechazar momentáneamente la propuesta mientras aclara una situación particular presentada por una apoderada. “Yo esperaría despejar esta duda para responder como corresponde”, indicó, agregando que no quería intervenir durante el proceso mientras no tuviera todos los antecedentes.
Tras las intervenciones de los concejales, la jefa del Departamento Social, Marlene Azócar, respondió con dureza a los cuestionamientos, defendiendo el trabajo técnico desarrollado por el equipo municipal y asegurando que no existen fundamentos concretos para rechazar la propuesta.
“No me queda claro su argumento de rechazo”, afirmó Azócar, agregando que le parecía “una falta de respeto” que se cuestionara públicamente el trabajo de las profesionales que integran la comisión evaluadora.
La funcionaria enfatizó que el proceso se desarrolló durante cerca de tres meses y demandó extensas jornadas laborales. “Acá las becas las trabajamos profesionales, que llevamos años haciendo este trabajo”, sostuvo.
Además, rechazó las críticas relacionadas con la participación de hijos de funcionarios municipales, aclarando que el reglamento no impide su postulación. “Quisiera que me presenten el reglamento donde dice que un funcionario público no puede postular a la beca o sus hijos”, manifestó.
Azócar también explicó que el sistema de evaluación considera un 60% asociado al rendimiento académico y un 40% a la situación socioeconómica del grupo familiar. “La beca habla del ingreso per cápita, pero el ingreso per cápita es el ingreso que recibe el grupo familiar dividido por la cantidad de personas”, precisó.
En medio de la discusión, el alcalde de La Unión, Saturnino Quezada, expresó su sorpresa por el rechazo del concejo. “Esto nunca lo había visto acá en La Unión”, señaló.
Por su parte, la concejala Jessica Cossio intervino indicando que, en caso de existir antecedentes concretos de irregularidades, estos debían ser denunciados formalmente. “Si los colegas saben de algún delito, su obligación es denunciar”, sostuvo.
Finalmente, la propuesta fue rechazada con los votos en contra de Patricia Aguilar, Said Neira, Emilia Rauld y Daniel Noriega, mientras que las concejalas Jessica Cossio y Erica Paredes, junto al alcalde Saturnino Quezada, votaron a favor.
El rechazo obliga ahora a que los argumentos planteados por los concejales sean remitidos al Departamento Social para su eventual subsanación. No obstante, durante la sesión no se expusieron irregularidades específicas ni antecedentes concretos que acreditaran vulneraciones al reglamento vigente.
