Con un ataúd simbólico que representaba “la muerte de la salud pública del país”, un grupo de 15 alcaldes de la región Metropolitana acudió este lunes al Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente José Antonio Kast, en la que expresaron su preocupación por los recortes presupuestarios que afectarían al sistema de salud pública, particularmente a la Atención Primaria de Salud (APS).
La delegación estuvo integrada por los alcaldes Gustavo Toro (San Ramón), Joel Olmos (La Cisterna), Javiera Reyes (Lo Espejo), Karina Delfino (Quinta Normal), Manuel Zúñiga (El Bosque), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Cristóbal Labra (San Joaquín), Jaime Escudero (Pirque), Fares Jadue (Recoleta), Christopher White (San Bernardo), Paulina Bobadilla (Quilicura), Matías Toledo (Puente Alto), Zandra Maulen (El Monte), Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda) y Sebastián Rosas (Talagante).
Según se informó, los alcaldes fueron recibidos por Ruth Hurtado, jefa de Gestión Ciudadana de Presidencia y exsecretaria general del Partido Republicano. Además, se espera que el próximo miércoles sostengan una reunión con el mandatario.
En la carta, los jefes comunales manifestaron su inquietud por la eventual eliminación de 24 programas del área de salud, especialmente aquellos vinculados a la atención primaria. A juicio de las autoridades locales, esta situación trasladaría el peso del ajuste fiscal a los municipios que administran la red asistencial y a los trabajadores del sector, quienes podrían enfrentar mayores cargas laborales y pérdida de empleos.
Asimismo, advirtieron que las medidas afectarían prestaciones asociadas al acceso a medicamentos para enfermedades crónicas, salud mental, prevención del suicidio, cuidados paliativos, atención de personas mayores, programas de reparación en salud y salud bucal, entre otras iniciativas orientadas a grupos vulnerables.
En el documento, los alcaldes sostienen que la eliminación de estos programas está comprometiendo “el modelo de atención vigente y afecta con mayor intensidad a quienes dependen del sistema público”. Además, alertaron que los recortes podrían derivar en una mayor presión sobre los servicios de urgencia, aumento de listas de espera, incremento de la mortalidad evitable y mayores costos para el Estado.
Dentro de las principales solicitudes planteadas al Ejecutivo, las autoridades comunales pidieron aumentar los recursos destinados a la APS en el marco del Presupuesto 2027; transparentar y actualizar el cálculo del per cápita; detener la reducción de programas como los PRAPS; fortalecer la capacidad operativa de la atención primaria ante el aumento de costos de funcionamiento; y revisar las medidas asociadas a la universalización en salud.
Finalmente, las autoridades comunales manifestaron su disposición a avanzar en un diálogo técnico y político con el Gobierno, con el objetivo de compatibilizar la responsabilidad fiscal con la protección del derecho a la salud pública.
