La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió este lunes 27 de abril mantener las medidas cautelares vigentes para los tres estudiantes de la Universidad Austral imputados por el delito consumado de atentado contra la autoridad, en el marco de los hechos ocurridos durante la inauguración del año académico en el campus Isla Teja.
En la audiencia de revisión, el Ministerio de Seguridad —en calidad de querellante— solicitó la prisión preventiva de los imputados, mientras que la Fiscalía pidió arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, ninguno de estos requerimientos fue acogido por el tribunal, que confirmó la resolución previa del Juzgado de Garantía de Valdivia.
En fallo unánime (causa rol 510-2026), la Primera Sala de la Corte —integrada por los ministros Samuel Muñoz Weisz, Marcela Araya Novoa y Óscar Castro Allendes— determinó que las medidas actuales de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima “resultan apropiadas y proporcionales a los fines del procedimiento”.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos se remontan al 8 de abril de 2026, cuando la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Fabiola Lincolao Pilquián, participaba en una ceremonia oficial en el Aula Magna de la Universidad Austral, la cual fue interrumpida por un grupo de estudiantes que ingresó al recinto manifestándose contra políticas educacionales del Gobierno.
En ese contexto, la autoridad permaneció al interior del recinto por cerca de dos horas, debido al bloqueo de accesos, periodo en el que —según la Fiscalía— recibió insultos y se registraron golpes en puertas y muros. Durante ese lapso, la ministra sostuvo un diálogo de aproximadamente 25 minutos con algunos estudiantes, quienes se habrían comprometido a facilitar una salida pacífica, acuerdo que fue respaldado por el rector de la casa de estudios.
La evacuación fue coordinada posteriormente por el prefecto de la PDI, José Miguel Sea Lara, aprovechando un descenso en la intensidad de la manifestación. No obstante, durante el trayecto hacia el vehículo fiscal, la secretaria de Estado fue agredida con objetos y recibió un golpe en la cabeza.
Según la investigación, a uno de los imputados se le atribuye haber arrojado un líquido contenido en una botella; otro habría intentado abalanzarse en dos ocasiones sobre la ministra, siendo contenido por personal de la Armada y la PDI; mientras que el tercero es sindicado como responsable de golpear el vehículo fiscal, causando daños en la puerta del conductor.
Producto de estos hechos, la ministra Lincolao resultó con lesiones que incluyeron un aumento de volumen en la zona parietal izquierda, además de lesiones en el tobillo izquierdo —con limitación de movimiento— y en el pulgar de la mano derecha.
