Un conjunto de programas del Ministerio de Salud, con un costo agregado superior a los $300 mil millones, figura entre las iniciativas que el Ministerio de Hacienda propone descontinuar en el marco de su ajuste fiscal. La medida, impulsada por la cartera liderada por el ministro Jorge Quiroz, no apunta a recintos hospitalarios ni a prestaciones de alta complejidad, sino principalmente a la Atención Primaria de Salud (APS), considerada la puerta de entrada al sistema sanitario.
Entre los programas contemplados para su eliminación se encuentran la Hospitalización Domiciliaria (ID 59206), con un presupuesto de $82.656 millones; el Fondo de Farmacia (FOFAR) (ID 59470), con $51.746 millones; la Atención a jóvenes vulnerados (ID 69543), con $36.148 millones; el Programa Odontológico Integral (ID 59469), con $36.183 millones; y la Atención Odontológica (ID 59466), con $30.085 millones.
A estos se suman los Cuidados Paliativos en APS (ID 141380), con $28.292 millones; el programa Elige Vida Sana (ID 59471), con $14.102 millones; la estrategia de salud mental en atención primaria (ID 122570), con $14.672 millones; el programa de Adultos Mayores Autovalentes (ID 59465), con $18.458 millones; y el apoyo psicosocial en APS (ID 133593), con $9.447 millones. Además, la propuesta incluye la eliminación de otras iniciativas vinculadas a salud escolar, prevención del suicidio, consumo de alcohol y drogas, demencia, atención a población migrante y cuidados comunitarios.
El diseño del ajuste evidencia una concentración en la atención primaria, donde operan programas orientados a la prevención, el seguimiento de enfermedades crónicas y la atención comunitaria. Estas estrategias cumplen un rol estructural en el sistema, al permitir resolver problemas de salud en etapas tempranas y evitar la derivación hacia niveles de mayor complejidad.
En ese contexto, la eventual eliminación de herramientas como la hospitalización domiciliaria —que permite atender pacientes en sus hogares— o el FOFAR —que financia medicamentos para enfermedades crónicas— podría afectar la continuidad de tratamientos, especialmente en comunas con menor capacidad operativa.
El impacto del ajuste también alcanza áreas consideradas sensibles, como la salud mental, el envejecimiento de la población y la prevención. La reducción de programas en estos ámbitos se produce en un escenario marcado por el aumento de enfermedades crónicas, el envejecimiento demográfico y una mayor demanda por atención en salud mental.
Diversos especialistas han advertido que disminuir la inversión en prevención y atención comunitaria tiende a generar efectos indirectos sobre el sistema hospitalario. En términos operativos, lo que no se resuelve en la atención primaria suele trasladarse a hospitales, incrementando costos y complejidad asistencial.
Desde Hacienda, el ajuste responde a la necesidad de contener el gasto público y avanzar en una reasignación de recursos hacia funciones consideradas prioritarias. La circular presupuestaria plantea un escenario de restricción fiscal que obliga a revisar programas y generar eficiencias en el uso de los recursos.
Sin embargo, el debate no se limita al monto del recorte, sino a su focalización. La propuesta impacta directamente en programas que inciden en el acceso a la salud, la continuidad de tratamientos y la calidad de vida de la población, lo que abre interrogantes respecto de cómo el sistema absorberá estos cambios sin trasladar sus efectos a los usuarios.
