Una denuncia ante la Contraloría General de la República presentaron los parlamentarios Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), luego de que se conocieran detalles de una comida privada realizada en el Palacio de La Moneda por el presidente José Antonio Kast.
La actividad, que se habría desarrollado el viernes 10 de abril, reunió a excompañeros de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en los salones de la casa de gobierno. Según los antecedentes, el menú contempló tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo.
El foco de la presentación apunta a esclarecer si este encuentro de carácter social fue financiado con recursos públicos o si implicó el uso de personal e instalaciones del Estado sin la debida justificación.
En ese contexto, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría determinar la naturaleza y objetivo de la actividad, además de conocer la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal involucrado, los costos asociados, la imputación presupuestaria y si existieron reembolsos por parte de los participantes.
De acuerdo con los antecedentes adjuntados en la denuncia, a la cita habrían asistido decenas de personas vinculadas a la casa de estudios, lo que motivó cuestionamientos desde la oposición.
Por medio de sus redes sociales el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que “El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social. Los recursos públicos son para servir a Chile, no para financiar camaraderías privadas”, integrando su crítica al uso de recursos fiscales en este tipo de instancias.
Por su parte, la senadora Daniella Cicardini advirtió que, de confirmarse irregularidades, se trataría de una situación grave, señalando que “Los recursos públicos no son para pagar nostalgias universitarias, ni menos cuando se dice que no hay plata. Nadie cuestiona con quién se junta el Presidente, pero no puede usar La Moneda como si fuera su quincho”.
Ahora será la Contraloría la que deberá analizar los antecedentes presentados y determinar si corresponde iniciar una investigación para establecer eventuales responsabilidades administrativas en el uso de recursos públicos.
