En el marco de la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, impulsado por el Gobierno, se dio a conocer el primer informe sobre el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos, correspondiente al período comprendido entre 2025 y el 10 de marzo de 2026.
El documento se basa en un levantamiento de información en cinco áreas clave: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria. Según indicaron desde el Ejecutivo, estos antecedentes constituirán la base para futuras auditorías y eventuales medidas correctivas o determinación de responsabilidades.
Entre los principales hallazgos, se identificaron transferencias y convenios por más de 140 millones de dólares asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos. Asimismo, se detectaron patrones de contratación que podrían evidenciar fragmentación de compras, como más de 65 mil adquisiciones bajo la modalidad de “Compra Ágil”, donde un mismo proveedor fue contratado reiteradamente en un mismo día por servicios similares.
El informe también da cuenta de más de mil contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026, que implican compromisos fiscales de mediano y largo plazo. A ello se suma la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas de servicios durante los últimos meses de 2025.
Otro de los puntos relevantes corresponde a más de mil convenios que fueron finalizados y pagados en su totalidad, pese a registrar montos no rendidos que en conjunto superan los 50 millones de dólares.
En materia de gestión de personas, se identificaron cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extendieron por más de un año. Además, se observaron traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.
El informe también advierte la asignación de recursos relevantes a programas que presentan evaluaciones insuficientes o derechamente deficientes.
Tras la presentación, la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo, enfatizó que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”.
La autoridad agregó que el análisis se construyó sobre una base de más de 213 millones de registros de datos, integrados con sistemas administrativos, plataformas transaccionales y fuentes de datos abiertos de la gestión pública.
El proceso de auditoría continuará en las próximas semanas. Hasta el 16 de abril se recopilarán antecedentes correspondientes al año 2024; entre el 17 y el 27 de abril se revisará la información de 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la de 2022. Posteriormente, se iniciará una fase de consolidación de hallazgos, priorización de focos críticos y definición de líneas de investigación, lo que podría derivar en la remisión de antecedentes a otros organismos.
En paralelo, el Presidente José Antonio Kast designó como auditor general de Gobierno a Cristián Muñoz, e incorporó al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno al excontralor Ramiro Mendoza y a la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres.
