La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó, por medio de un comunicado, que inició una causa indagatoria en contra de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, a raíz de una denuncia anónima recibida en octubre de 2025, cuando la parlamentaria aún ejercía como diputada.
Según detalló el Ministerio Público, la denuncia apunta a presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco en carácter reiterado, antecedentes que fueron informados oportunamente al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Actualmente, la investigación se encuentra en manos de la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias en curso encargadas al OS9 de Carabineros. Desde la Fiscalía explicaron que “se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”, con el fin de asegurar el éxito de la investigación.
En el marco de esta causa, han surgido antecedentes vinculados a un supuesto mecanismo informal denominado “la cuota Flores”, el cual fue descrito por un excolaborador de la parlamentaria en su declaración. Según ese testimonio, este sistema “consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo”.
La investigación también incorpora conversaciones de WhatsApp que darían cuenta de una eventual coordinación para la entrega de dinero. En uno de los mensajes atribuidos a la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, se señala: “Hola (…) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”, a lo que el interlocutor responde: “Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”.
En otro intercambio, se abordan montos asociados a remuneraciones: “¿Cuánto saca líquido?”, consulta Olfos. “En febrero $1.550.851”, responde el trabajador. “La diputada necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?”, replica.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, este presunto mecanismo habría operado de forma sistemática entre 2018 y 2025, generando un eventual perjuicio fiscal cercano a los $300 millones. Incluso, se menciona el caso de un trabajador que, pese a percibir una remuneración superior a $2,6 millones mensuales, habría entregado cerca de $1,8 millones en efectivo de manera periódica.
Asimismo, el documento señala que la secretaria Yolanda Olfos habría tenido un rol relevante en la dinámica descrita, actuando como intermediaria y coordinando la recolección del dinero, el cual debía ser retirado en efectivo debido a limitaciones en los giros automáticos.
Desde la defensa de la senadora, su abogado Luis Masferrer descartó las acusaciones y aseguró que su representada ha actuado conforme a la normativa. “La senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho. No puedo hacerme cargo de imputaciones o afirmaciones como la que usted me señala, porque las desconozco”, afirmó.
El defensor agregó que no existe preocupación frente a la indagatoria y que hay disposición total a colaborar con el Ministerio Público, incluyendo la entrega de antecedentes por parte de cualquier integrante del equipo parlamentario si así se requiere.
