El inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por una serie de revisiones a medidas impulsadas por la administración anterior. En ese contexto, el Ejecutivo decidió retirar desde la Contraloría General de la República (CGR) el Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual proponía modificaciones al reglamento de la Ley Karin.
La iniciativa, ingresada a pocos días del cambio de mando, buscaba ajustar los procedimientos de investigación en casos de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, a partir de la experiencia recogida durante el primer año de implementación de la normativa.
El retiro del decreto generó críticas desde la oposición. La diputada Ana María Gazmuri cuestionó la decisión a través de redes sociales, señalando: “El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”.
Desde la administración del expresidente Gabriel Boric defendieron la propuesta, indicando que surgió tras un proceso de monitoreo que evidenció un alto volumen de denuncias, lo que habría tensionado los procedimientos institucionales. Según explicaron, el objetivo de los cambios era perfeccionar los mecanismos, resguardando principios clave como la perspectiva de género y la no revictimización.
En esa línea, la ex jefa de asesores del Ministerio del Trabajo, Ximena Valencia, sostuvo que “el objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización”.
Asimismo, desde el gobierno anterior precisaron que el decreto no fue informado durante el proceso de traspaso de mando debido a que aún se encontraba en etapa de tramitación, por lo que no constituía un acto administrativo finalizado.
Pese a ello, advirtieron que el principal riesgo del retiro es que “eventuales modificaciones debiliten los principios de la ley, como el debido proceso, la perspectiva de género y la protección de las personas denunciantes. Cualquier ajuste debe hacerse resguardando esos estándares”.
Frente a las críticas, el actual subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, descartó un retroceso en la normativa y defendió la decisión del Ejecutivo. “Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”, afirmó.
La autoridad agregó que el proceso contempla la participación de diversos actores. “Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”, indicó.
Finalmente, desde el Gobierno reafirmaron su compromiso con avanzar en una nueva propuesta reglamentaria que fortalezca la implementación de la Ley Karin, asegurando la protección de las personas y el cumplimiento efectivo de sus principios.
