Una nueva controversia golpea al Ejecutivo luego de que el asesor del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, admitiera haber sido el ideólogo del concepto “Estado en quiebra”, utilizado en una gráfica y un video difundidos por el Gobierno para explicar el alza de los combustibles. La frase, que generó amplia repercusión política y económica, fue posteriormente reconocida por el propio asesor como un error.
El mensaje, que atribuía parte del incremento en los combustibles a un supuesto colapso fiscal, provocó inquietud inmediata y críticas transversales, incluyendo dentro del mismo gabinete. El primero en tomar distancia fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien fue enfático en rechazar el concepto: “Jamás ocuparía una palabra como esa. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.
A esa postura se sumaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, quienes evitaron respaldar la expresión y se alinearon con la corrección impulsada desde Hacienda, marcando una evidente discrepancia comunicacional al interior del Gobierno.
El episodio también reactivó críticas hacia Valenzuela, quien ya había estado en el centro de la polémica en octubre de 2025, cuando calificó a funcionarios públicos como “parásitos del Estado” en una columna de opinión. En esa ocasión, defendió sus dichos y no realizó autocrítica, lo que tensionó incluso a sectores oficialistas.
A diferencia de ese episodio, esta vez el asesor reconoció el error en la instalación del concepto. Sin embargo, hasta ahora no se han informado medidas o sanciones internas, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la falta de costos políticos frente a una controversia que terminó tensionando al gabinete.
En paralelo, la situación escaló a nivel institucional. La contralora general de la República, Dorothy Pérez, ofició a la ministra Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, solicitando antecedentes sobre la publicación. En el documento, el organismo requirió informar “sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones”, así como el “fundamento normativo” y los “sustentos fácticos” de los contenidos difundidos.
De esta forma, lo que comenzó como una estrategia comunicacional para explicar el alza de los combustibles terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión para el Ejecutivo, con un asesor que admite el error, pero sin consecuencias políticas claras hasta ahora.
