Durante la tarde de este viernes 30 de enero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la detención de cinco personas que se han posicionado como figuras clave en la investigación vinculada a la Fundación ProCultura, considerada una de las aristas más relevantes del denominado caso Convenios o “Líos de Platas”.
La medida fue adoptada a solicitud del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza esta causa junto a un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). Los imputados son Alberto Larraín, cofundador de la ONG; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y excontratado del GORE para labores de vinculación con la fundación.
De acuerdo con antecedentes recabados, todos ellos ya habrían sido detenidos en las últimas horas. En el caso de Larraín, la PDI concretó su aprehensión en su lugar de trabajo, trasladándolo posteriormente a su domicilio y luego a un cuartel policial. Desde su casa, el psiquiatra señaló a 24 Horas que asume la detención como parte del proceso investigativo, afirmando que “todo lo que permita que esto avance, ayuda”, agregando que “llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer” y que siempre han estado disponibles para colaborar. En esa línea, sostuvo que “la detención es parte del proceso normal y aquí hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar”.
Las detenciones se enmarcan en la investigación por el convenio suscrito entre ProCultura y el Gobierno Regional Metropolitano para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”, iniciativa por la cual el GORE transfirió más de $1.600 millones a la fundación liderada por Larraín. Precisamente, el rol del gobernador metropolitano Claudio Orrego ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte del equipo investigador.
En septiembre del año pasado, el Ministerio Público solicitó el desafuero de Orrego, petición que inicialmente fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y luego derivada a la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que hasta ahora no ha fijado fecha para revisar los antecedentes. En dicha solicitud, la Fiscalía sostiene que el convenio no se justificaba técnicamente y que su aprobación habría estado motivada por la cercanía personal y política entre Larraín y Orrego, considerando además que la fundación no contaba —a juicio de los persecutores— con la capacidad ni la idoneidad para ejecutar el programa.
El Ministerio Público afirmó que Orrego “abusó de su cargo de gobernador regional metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba”, interviniendo en la suscripción de convenios y traspasos de fondos “sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia” para ejecutar las iniciativas, lo que habría generado un perjuicio fiscal cercano a los $1.690 millones.
