El Juzgado de Garantía de Osorno resolvió acoger la suspensión condicional del procedimiento en la causa seguida contra Pedro Pool, imputado por el delito de amenazas simples en perjuicio de los exconstituyentes Fernando Atria y Jaime Bassa, además de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, en una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Osorno.
La decisión judicial se adoptó tras varios años de indagatorias, periodo en el que el imputado se mantuvo sujeto a medidas cautelares. Los hechos investigados se relacionan con una serie de videos difundidos por Pool en la plataforma YouTube durante el proceso constituyente de 2022, en los que promovía discursos de odio contra personeros del Frente Amplio y representantes de pueblos indígenas, junto con amenazas de exterminio y fusilamiento.
Posteriormente, y en una línea similar, el imputado emitió amenazas contra Evelyn Matthei y el entonces ex Presidente Sebastián Piñera, situación que motivó nuevas diligencias del Ministerio Público y la ampliación de la investigación.
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó que Pool ofreciera disculpas públicas a las víctimas, las que fueron leídas en audiencia. En su declaración, el imputado manifestó que “en el contexto de que hoy no soy candidato presidencial, y entiendo que mis dichos pudieron afectar a cierto sector político de este país, pido disculpas al tribunal y en general a cualquier persona que se sintió afectada por mis dichos”.
Asimismo, quedó sujeto al cumplimiento de diversas condiciones por un plazo de dos años, entre ellas fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal, mantener prohibición absoluta de acercarse a las víctimas tanto de manera presencial como virtual, abstenerse de emitir expresiones ofensivas en su contra y no portar armas de fuego, municiones ni cartuchos.
El abogado querellante Miguel Schurmann valoró la resolución, señalando que “valoramos mucho la determinación del Ministerio Público de perseguir actos graves de violencia política, inadmisibles en una democracia, y el hecho de que el imputado Pool haya pedido disculpas públicas a las víctimas de estos hechos, entre ellos nuestros representados Jaime Bassa y Fernando Atria”. En la misma línea, destacó las restricciones impuestas, agregando que “dado el perfil del imputado, también destacamos que el Ministerio Público haya impuesto la prohibición de portar armas de fuego y de referirse en términos ofensivos a las víctimas. Si el imputado Pool incumple estas condiciones y reincide en sus dichos exigiremos las más altas condenas en su contra”.
Desde el tribunal se advirtió que, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas o de una nueva formalización por otros hechos, la suspensión condicional podría ser revocada, lo que daría paso a un juicio oral. En ese escenario, Pool arriesgaría penas más gravosas, eventualmente agravadas por la reiteración de conductas y por la aplicación del artículo 12 N°21 del Código Penal, relativo a delitos motivados por discriminación ideológica, política, étnica o social.
