Un informe de la Contraloría General de la República reveló que, solo en 2025, 35 personas legalmente inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes desempeñaron funciones en organismos públicos, mientras que entre 2020 y agosto de 2025 la cifra total asciende a 164 casos en 72 instituciones del Estado
De acuerdo con el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), el problema presenta una dimensión más amplia. Entre los años 2020 y agosto de 2025 se identificaron, en total, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores que ejercieron o ejercen cargos públicos con vínculo directo y permanente con este grupo etario. En dicho período, 72 organismos del Estado registraron contrataciones de personas que no cumplían con los requisitos legales.
La legislación vigente, en particular los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, establece la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para ejercer trabajos con menores a quienes han sido condenados por delitos sexuales. Esta prohibición obliga a las instituciones públicas a verificar, antes de cualquier contratación, los antecedentes en el Registro General de Condenas y en el Registro Seccional de Inhabilitaciones.
Frente a estos antecedentes, la CGR instruyó a los servicios involucrados a dar cumplimiento inmediato a la normativa, considerando además las disposiciones sobre nombramientos inhábiles contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Asimismo, ordenó iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El informe refuerza el rol fiscalizador de la Contraloría y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en los organismos públicos, con el objetivo de resguardar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y asegurar el estricto respeto de la ley.
