Un operativo realizado por detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno permitió la detención de un hombre de 35 años por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, procedimiento que se concretó en un domicilio de la población Villa Portal, en el marco de un trabajo coordinado con el Ministerio Público.
El fiscal Narciso García explicó que la diligencia se desarrolló en virtud de una orden judicial de entrada y registro, la cual permitió establecer la existencia de material ilícito en poder del imputado. “Personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno contaba con una orden de entrada y registro a un domicilio, la cual se materializó. Los funcionarios establecieron que el detenido mantenía en su equipo celular una cantidad significativa de material infantil de connotación sexual, razón por la cual fue detenido de inmediato”, señaló el persecutor.
Durante el procedimiento, los detectives incautaron además otros teléfonos celulares que contenían una mayor cantidad de registros audiovisuales de similares características. Según precisó el fiscal García, se trata de una investigación que recién comienza y que contempla extensos peritajes a los dispositivos tecnológicos incautados. “Estamos recién comenzando esta investigación, donde se logró la incautación de diversos equipos tecnológicos que deberán ser sometidos a peritajes por personal especializado, ya que existe bastante información y material con imágenes, fotografías y videos de connotación sexual en los que aparecen menores de 18 años de edad”, indicó.
El persecutor añadió que una de las principales líneas investigativas apunta a determinar el origen del material y la eventual identificación de víctimas. “Ahora se debe establecer, en primer término, el tipo de material encontrado y verificar si corresponde a menores de edad del país o del extranjero. También será necesario determinar si es posible identificar a eventuales víctimas que aparezcan en los medios de prueba incautados por la PDI, así como establecer posibles vínculos con redes nacionales o internacionales”, sostuvo.
En ese contexto, el fiscal fue enfático en señalar que el delito se configura al existir registros de carácter sexual con participación de menores en poder de una persona adulta. “El imputado es una persona mayor de edad y el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil se establece cuando existen registros en los que han participado menores de 18 años y estos se encuentran en poder de un adulto. Parte relevante de la investigación será determinar el origen del material, si es de carácter nacional o internacional, y si se logra identificar a los niños que aparecen en dichos registros. Se trata de una investigación compleja y de largo aliento”, recalcó.
Otra de las aristas que se indagan es el grado de participación del imputado, a fin de establecer si su conducta se limita al almacenamiento del material o si existirían antecedentes de distribución o producción de este tipo de contenido.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Osorno, instancia en la que el fiscal de turno de control de flagrancia, Jorge Münzenmayer, expuso los detalles del procedimiento policial. El persecutor detalló que uno de los equipos incautados contenía una gran cantidad de registros explícitos. “Existen imágenes y videos de niños, niñas y adolescentes en uno de los equipos de la marca Honor. Se trata de una gran cantidad de material almacenado con contenido sexual, donde aparecen estas víctimas menores de 18 años de edad, en actitudes sexuales explícitas o simuladas. El equipo telefónico se encuentra asociado a nombre del imputado y toda la incautación fue debidamente registrada en un acta respectiva”, precisó.
De acuerdo con los primeros antecedentes, el almacenamiento del material se habría iniciado durante el año 2025, dato que deberá ser corroborado mediante los peritajes digitales en curso. En la causa, el Ministerio Público invocó el artículo 367 quáter del Código Penal, incorporado por la Ley 21.522, que sanciona la comercialización, distribución, difusión o almacenamiento de material pornográfico o de explotación sexual infantil.
Pese a la gravedad de los hechos investigados, el tribunal resolvió dejar al imputado en libertad, quedando sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante Carabineros, mientras continúan las diligencias que permitirán definir la eventual pena a la que podría enfrentarse.
