La reducción de la subvención municipal del Centro Cultural Archivo de La Unión, de $20 a $10 millones por propuesta de la administración del alcalde Saturnino Quezada, motivó una carta de protesta dirigida al Concejo Municipal, en medio de cuestionamientos realizados por concejalas en la sesión del 4 de diciembre, lo que derivó en el término abrupto de la exposición “Retratos del Estudio Real”.
El Centro Cultural Archivo de La Unión ingresó una carta de protesta formal al alcalde Saturnino Quezada y al Honorable Concejo Municipal, luego de que se aprobara una rebaja del 50% a su subvención municipal, reduciendo el aporte anual desde $20 millones a $10 millones. La medida, impulsada por la administración comunal, tuvo como consecuencia directa el cierre anticipado de la exposición “Retratos del Estudio Real”, que no podrá continuar abierta durante los meses de verano.
En el documento, el Archivo cuestiona tanto el fondo como la forma en que se adoptó la decisión, señalando que la subvención municipal es un financiamiento clave para cubrir gastos operacionales que no pueden ser solventados con fondos concursables, los cuales son altamente restrictivos y están destinados a acciones específicas previamente aprobadas.
La controversia se originó en el Concejo Municipal del pasado 4 de diciembre, instancia en la que distintas concejalas cuestionaron públicamente el monto asignado al centro cultural. En esa sesión, la concejala Patricia Aguilar calificó al Archivo como el “negocio de Tamara”, mientras que la concejala Érica Paredes sostuvo que el centro cultural “ha recibido mucha plata”, agregando que “no tengo nada contra el centro cultural, es muy bueno su trabajo, pero nosotros tenemos que velar por todas las organizaciones, no solo por una”, y asegurando además que el Archivo “no hace capacitaciones ni formación”.
A estos cuestionamientos se sumó la concejala Emilia Rauld, quien manifestó que había solicitado “cero peso para el Archivo de La Unión” y afirmó que la institución “habría recibido $226 millones en aportes estatales”, cifra que posteriormente fue desmentida por el propio centro cultural, aclarando que los recursos efectivamente percibidos alcanzan los $113 millones, correspondientes a fondos concursados, debidamente rendidos y destinados a fines específicos.
Por su parte, Luis Carrasco, director de SECPLAN, señaló que el motivo por el cual se rebajo la subvención del centro cultural se debía a un tema puntual y que tiene que ver con los problemas presupuestarios que tendría el municipio producto deudas con el programa Barrios del MINVU.
Respecto de este escenario, Tamara Ocampo, productora del Archivo de La Unión, señaló que “lo más decepcionante lo vive la comunidad”, recordando que existieron compromisos previos de apoyo por parte del municipio. “Con la rebaja del 50% no existe ninguna posibilidad de abrir durante el verano”, afirmó, explicando que los recursos restantes deben destinarse a sostener el plan anual de gestión.
Ocampo también desmintió las afirmaciones sobre el uso de los recursos, indicando que “decir que todo ese dinero va a sueldos es falso”, y que la distribución presupuestaria contempla tanto honorarios como gastos de operación, con rendiciones evaluadas positivamente a nivel ministerial y municipal. A su juicio, “aquí hay una torpeza grave en el ejercicio del cargo o derechamente una mala intención”, lo que terminó afectando directamente a la ciudadanía.
Desde el Concejo Municipal, la concejala Jessica Cossio criticó el manejo del tema, señalando que “hay que tomarse con mayor seriedad el trabajo del concejo”, ya que entregar información incorrecta “puede perjudicar no solo la imagen de una organización tan seria como el Archivo de La Unión, sino también el funcionamiento de una exposición tan esperada como ‘Retratos del Estudio Real’”. Añadió que esta situación refleja “el desinterés por los temas de cultura y el poco apoyo a estas actividades emblemáticas”.
Finalmente, el Archivo de La Unión advirtió que la principal consecuencia de esta decisión no recae únicamente en la institución, sino en la comunidad unionina, que verá restringido su acceso a espacios culturales, patrimoniales y educativos, producto de una rebaja presupuestaria adoptada —según señalan— sobre la base de información errónea y cuestionamientos infundados.
Lee la carta de protesta completa a continuación:
