Según detalla la denuncia, a lo largo de su administración, Reinoso habría ejecutado y permitido múltiples acciones que afectaron gravemente la gestión municipal. Entre ellas, se destaca la entrega incompleta del Acta de Traspaso de Gestión (2021-2024), presentada el 6 de diciembre de 2024. La Directora de Control y la Secretaria Municipal se abstuvieron de suscribir el acta, debido a la falta de información clave, como el estado de situación financiera, detalle de pasivos municipales, avances del PLADECO, saldos de caja, información de personal y cargos vacantes, contraviniendo el artículo 67 de la Ley N° 18.695.
Asimismo, la denuncia señala la existencia de deudas ocultas no registradas, entre ellas una deuda con SURALIS (agua potable) por aproximadamente 90 millones y otra con la Empresa de Ferrocarriles del Estado por derechos de atravieso, de 57 millones. También se mencionan facturas impagas que actualmente están bajo investigación sumaria.
Otra irregularidad advertida fue la incorporación indebida de ingresos en el presupuesto municipal 2025, al incluirse 210 millones de los 417 millones correspondientes al Royalty del año 2025, lo que habría afectado la planificación financiera.
En relación con la situación financiera, el 4to Informe Trimestral 2024 de la Dirección de Control evidenció un déficit de 360 millones en el Departamento de Salud. Además, si bien el informe contable registró un superávit de 646 millones para la Municipalidad, según los denunciantes, no consideraba deudas de arrastre ni facturas impagas.
La denuncia también consigna casos de contrataciones irregulares y pérdida de patrimonio municipal. Se cita como ejemplo la contratación directa de una empresa para el desarme del gimnasio de la Escuela de la Cultura, sin licitación pública. Según se indica, la administración pagó solo 12 millones —cuando la tasación oficial establecía un valor de 36 millones — y permitió que la empresa retirara madera nativa con un valor superior.
Estos hechos, según la denuncia, ya han generado consecuencias legales: “una representación de ilegalidad por parte de la Directora de Control de la Municipalidad de La Unión contra el exalcalde Juan Andrés Reinoso Carrillo”, además de dos demandas por acoso laboral. La primera terminó con condena a la Municipalidad por vulneración de derechos fundamentales, con el pago de una indemnización de 5 millones a la funcionaria afectada y una multa de 2 millones. La segunda demanda se encuentra en tramitación ante el Juzgado del Trabajo de La Unión. Además, existe una investigación penal en curso llevada por la Fiscalía Local.
Finalmente, se acusa negligencia en un acuerdo con la empresa de áridos VICAT. La empresa habría entregado 18.000 cubos de gravilla sobrevalorada como parte de pago por multas de patentes impagas, sin verificar la naturaleza y calidad del material, lo que habría generado un grave perjuicio económico.
Por todo lo expuesto, los denunciantes solicitaron al Tribunal Electoral Regional que declare la existencia de notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad administrativa por parte del exalcalde Juan Andrés Reinoso Carrillo.
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